Al menos 1,105 armas de fuego de diverso calibre, entre regulares y artesanales, y 23,925 proyectiles, han sido incautadas durante la operación Fe y Esperanza en las 25 cárceles del sistema penitenciario de Honduras, informó este lunes la Policía Militar de Orden Público (PMOP).
Entre 171 armas regulares incautadas figuran fusiles AR-15, M-16, AK-47, Galil, subametralladoras Uzi, escopetas, ocho granadas de fragmentación y once granadas de gas.
Se suman 934 armas de fabricación casera, alrededor de 5,000 envoltorios de marihuana y cocaína.
Además, 507 teléfonos móviles, tres de ellos satelitales; más de un centenar de aparatos de comunicación electrónica; 945 televisores; 20 aires acondicionados; 388 equipos de sonido; 18 chalecos; y 533,283 lempiras (unos 21,600 dólares).
Lo hallado en el interior de los centros penales hasta ahora «es apenas el 10 por ciento», según Ramiro Muñoz, titular de la Policía Militar, quien recalcó que mientras él esté al frente de la institución, que ha intervenido las 25 prisiones del país por instrucciones de la presidenta hondureña, Xiomara Castro, los privados de libertad «no volverán a controlar las cárceles».
Agregó que la Policía Militar ya tiene el control de las 25 cárceles y que en ellas ya no habrá «comodidades para nadie», los reos no tendrán comunicación telefónica, ni televisión, ni ingresarán mujeres a visitarles.
Deducir responsabilidades
Muñoz resaltó que todas las armas, municiones y demás aparatos incautados que ingresaron a las cárceles contaron con la «complicidad» de personal de las prisiones y que ahora le corresponderá al Ministerio Público investigar a los responsables.
Además, el oficial indicó que se continuará en la búsqueda de más armas en las prisiones, y que si hubiera militares o miembros de otros cuerpos de seguridad en el tráfico de armas en las cárceles, serán puestos a disposición para que sean investigados.
Según Muñoz, todas las pandillas que han venido controlando las cárceles del país están involucradas en el ingreso de armas a los centros penales.
El ministro de Defensa, José Manuel Zelaya, dijo que todos los corruptos, narcotraficantes y jefes de pandillas que han venido controlando las prisiones del país serán remitidos a la nueva cárcel de máxima seguridad que será construida en las Islas del Cisne, en el Caribe hondureño, situadas a 250 kilómetros de tierra firme.
El anuncio de construir una cárcel en las Islas del Cisne es rechazado por algunos sectores hondureños, principalmente ambientalistas, porque consideran que representará un grave daño ambiental, en una región en la que no hay agua potable y es un parque nacional.
Castro ordenó a la Policía Militar que interviniera las cárceles del país luego de la matanza de 46 mujeres en la Penitenciaría Femenina de Adaptación Social (PNFAS), en Támara, cercano a Tegucigalpa, el 20 de junio, y la masacre de trece personas en el interior de un billar en el sector de Choloma, norte hondureño, el día 24.
