El jefe de la Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (Uferco), Luis Javier Santos, instó este martes a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) a designar de manera inmediata al juez natural que conocerá la causa en relación al caso Pandora II, que implica a los expresidentes, Porfirio «Pepe» Lobo (2010-2014) y Juan Orlando Hernández (2014-2022).
La Uferco presentó los requerimientos fiscales contra ambos expresidentes y otros exfuncionarios el pasado 11 de octubre.
Sin embargo, según Santos, «ya ha pasado un tiempo razonable en el cual la CSJ debió haberse pronunciado al menos sobre quién va a ser el juez que va a conocer de la causa.»
La Corte Suprema de Justicia (CSJ) respondió que es posible que esta semana se nombre al juez natural que se encargará del caso Pandora II.
No obstante, el proceso se ha retrasado debido a la falta de integración del pleno de magistrados, ya que algunos de ellos se encontraban fuera del país, incluida la presidenta de la CSJ, Rebeca Ráquel.
La última sesión del pleno de magistrados de la CSJ se llevó a cabo el 20 de octubre.
El portavoz de la CSJ, Melvin Duarte, explicó que «están pendientes algunas decisiones hasta que el pleno esté conformado, y es responsabilidad de la presidenta convocar al pleno para estos temas».
Además, dijo que el resto del trabajo en las salas sigue funcionando con normalidad.
Asignación de juez y corte de apelaciones
El proceso de asignación de casos por parte del pleno del Supremo implica una rotación de magistrados, lo que significa que cualquiera de los siguientes magistrados podría ser nombrado como juez natural: Isbela Bustillo, Roy Pineda u Odalis Nájera, según indicó el pasado 20 de octubre una fuente cercana al pleno de magistrados.
Además, la corte de apelaciones deberá ser conformada por otros tres magistrados de la CSJ, quienes conocerán las objeciones que presenten las defensas legales o el Ministerio Público contra los fallos emitidos por el o la juez natural.
Pandora II
El caso Pandora II implica la presentación de requerimientos fiscales contra los expresidentes Porfirio Lobo Sosa (2010-2014) y Juan Orlando Hernández (2014-2022), así como otros seis exfuncionarios, incluyendo al exsecretario de Finanzas y expresidente del Banco Central de Honduras (BCH), Wilfredo Cerrato.
En este caso, Lobo Sosa enfrenta acusaciones por fraude, mientras que Hernández enfrenta acusaciones de fraude y lavado de activos.
Las acusaciones se centran en una supuesta red de corrupción que facilitó desembolsos por L 288,016,175.00 destinados a la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG) entre 2010 y 2013. Los fiscales alegan que estos fondos se desviaron hacia campañas electorales del Partido Nacional a través de empresas ficticias, prestanombres y contratos falsos, en lugar de cumplir con el propósito de ejecutar proyectos sociales a través de las fundaciones Todos Somos Honduras y Dibattista