Transportistas urbanos marchan en espera de reunirse con la presidenta Xiomara Castro para hablar del cobro de extorsión por parte de organizaciones criminales.
El dirigente del transporte, Rigoberto Galo, dijo que si Castro los recibe le pedirán que gire instrucciones a quien corresponda para que tomen acciones encaminadas a combatir el delito de la extorsión, flagelo que aseguran los tiene de rodillas.
De acuerdo con Galo, en la capital hay al menos diez rutas de transporte que están paralizadas ante amenazas de grupos organizados que les exigen el denominado «impuesto de guerra», entre estas, Río Abajo, Cofradía, Los Pinos, Villa Vieja, Loarque y Sagastume.
«No podemos seguir trabajando cinco o siete días a la semana solo para pagar a mareros», dijo Galo.
Pago del «Tasón» sin resultados
El transportista cuestionó a su vez que mientras el pueblo está pagando una Tasa de Seguridad no se reflejan resultados de combate al crimen organizado y delincuencia común.
«¿Para qué pagamos una Tasa de Seguridad? ¿Para qué tenemos un Ministerio Público y una Corte Suprema de Justicia si no hay investigación ni judicialización» en casos de asesinato de trabajadores del transporte por parte de criminales en represalia por el no pago de extorsión, se quejó Galo.
«El pueblo se sigue enlutando y no podemos seguir así. Queremos paz y tranquilidad porque la gente sale de sus casas sin saber si va a regresar», lamentó el transportista.
A la manifestación de los transportistas se unirán también las rutas interurbanas, como las de Santa Lucía, Santa Ana, Ojojona, y de otros municipios de Francisco Morazán.