Tomé no se quedó corto en su crítica a Orellana aduciendo que si no estaba conforme debió haber dado los nombres de forma pública e impugnar.
El vicepresidente del Congreso Nacional, Rasel Tomé criticó al ministro de Transparencia, Edmundo Orellana Mercado por mencionar que dentro de la lista de candidatos a magistrados a la Corte Suprema de Justicia (CSJ), se encuentran personas “indeseables”.
De acuerdo con Tomé, el alto funcionario gubernamental tuvo todo el tiempo necesario para impugnar cualquiera de las candidaturas de los abogados que se postularon para presidir el Poder Judicial durante los próximos siete años.
“Somos intérpretes de las posturas de la sociedad hondureña. Libre ha demostrado que tiene los votos necesarios para elegir a los nuevos magistrados de la CSJ y escuchamos voces que no están de acuerdo con el listado enviado por la Junta Nominadora”, dijo el congresista.
Agregó que le parece que no es justo, ya que se han establecido varios mecanismos para la elección de los magistrados del Poder Judicial como audiencias, denuncias, exámenes, “y si alguien no está de acuerdo pues tenía derecho de presentar las impugnaciones”.
Tomé no se quedó corto en su crítica a Orellana aduciendo que si no estaba conforme con la inclusión en la lista de profesionales del Derecho indeseables, debió haber dado los nombres de forma pública e impugnar.
“No es válido para un funcionario que juró cumplir y hacer cumplir la Ley que no haya ido a presentar el documento que acreditara que esa persona no era la correcta para ser magistrado de la CSJ”, mencionó.
Y continuó diciendo que venir ahora al Congreso Nacional a señalar sin publicar los nombres y sin datos precisos es generar incertidumbre en la sociedad hondureña.
Además, el vicepresidente del Poder Legislativo tildó de irresponsable al personero gubernamental cuando se atreve a mencionar que existen indeseables dentro de la lista de 45 abogados que envió la Junta Nominadora.
Todo esto a días de llegar a acuerdos entre los miembros de todas las facciones políticas representadas en el Congreso Nacional y se pretenda establecer una ambigüedad sobre el proceso de elección de los magistrados de la CSJ.
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