El expresidente Juan Orlando Hernández (2014-2022) fue informado sobre la imputación por fraude y lavado de activos en su contra, presentada por la Uferco el 11 de octubre, en el marco de la ampliación del caso Pandora, a través de su esposa, Ana García.
Según la ex primera dama, la sorpresa del exmandatario, quien actualmente está bajo prisión en EE. UU. a la espera de juicio, radica en el hecho de que durante su estancia en el país no fue mencionado en esta línea de investigación manejada desde 2018 por la Unidad Fiscal Especializada Contra Redes De Corrupción (Uferco), antes Unidad Fiscal Especial contra la Impunidad de la Corrupción (Ufecic).
En palabras de García: «Ahora, estando ausente y sin poder ejercer su derecho a la defensa material, Juan Orlando sigue siendo víctima de violaciones a sus derechos, siendo perseguido políticamente a través de una serie de ataques en su contra y contra nuestra familia, como parte de un guión de ataque y linchamiento político».
Además, la exprimera dama reveló que el expresidente le pidió a sus abogados que definieran una estrategia legal ante esta acusación. Según ella, en el transcurso del proceso, en el cual varias personas han sido absueltas, nunca se mencionó a su esposo ni se le citó a declarar.
Hernández fue extraditado a Estados Unidos el 21 de abril de 2022, tras una solicitud de la Corte del Distrito Sur de Nueva York, que lo acusa de tres cargos relacionados con el tráfico de drogas. Su juicio está programado para comenzar el 5 de febrero de 2024.
Este miércoles, la Uferco presentó una acusación ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) contra ocho exfuncionarios, incluyendo a los expresidentes Porfirio Lobo Sosa (2010-2014), Juan Orlando Hernández (2014-2022) y al extitular de la Secretaría de Finanzas, Wilfredo Cerrato.
Estos tres individuos están siendo acusados por el delito de fraude. Además, a Juan Orlando Hernández, conocido como alias JOH, también se le considera responsable de lavado de activos, relacionado con más de 62 millones de lempiras utilizados para financiar su campaña política presidencial en las elecciones de 2013.
Según la investigación, durante el período de 2010 a 2013, estos ocho exfuncionarios formaron una red de corrupción dedicada a la ampliación y aprobación de desembolsos de fondos públicos, sumando más de L288 millones de lempiras.