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Sentencia de la CIDH por acciones del régimen nacionalista es vergonzosa, dice canciller

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El canciller de Honduras, Enrique Reina, reaccionó a la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por acciones que se dieron en el 2012 que calificó de “vergonzosas” además de culpar al nacionalismo.

A través de su cuenta X, señaló que Honduras deberá seguir trabajando para cambiar la imagen del país. “A seguir trabajando para recuperar la dignidad del país”.

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Mientras añadió que “el Estado de Honduras es condenado nuevamente en una Corte Internacional por acciones de los 13 años terribles del régimen del Partido Nacional y/o del golpismo”.

Lo anterior, condena a Honduras a pagar reparaciones a las víctimas, recordó y agregó que dichos actos “si son vergonzosos”, y en ese momento muchos fueron “cómplices silenciosos”.

El funcionario afirmó que tal acción “allanó” el camino a la reelección del expresidente Juan Orlando Hernández, que se aprobarán las ZEDES “y cuantas violaciones constitucionales más”.

El contexto de las declaraciones de Reina radica en la sentencia publicada este lunes por parte de la CIDH, que encontró responsable a Honduras por la destitución arbitraria de cuatro magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) en el año 2012.

Lista de bancos disponibles para pagar impuestos en Honduras, promovido por la AMDC.

En la Sentencia, la Corte Interamericana determinó que las víctimas fueron destituidas por una autoridad que carecía de competencia, lo cual constituyó una violación de la garantía de la independencia judicial.

Los magistrados afectados fueron: José Antonio Gutiérrez Navas, José Francisco Ruiz Gaekel y Gustavo Enrique Bustillo Palma, y la magistrada Rosalinda Cruz Sequeira.

A quienes se les deberá pagar una indemnización compensatoria a las víctimas, realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad y adoptar medidas legislativas y de otro carácter necesarias para adecuar el ordenamiento jurídico interno a los estándares establecidos en la Sentencia respecto de la estabilidad e inamovilidad en el cargo de quienes ejercen la función judicial.


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