El dirigente del sector Transporte, Gerardo Aguilar, reveló que alrededor de 1,400 millones de lempiras pagan anualmente los transportistas por concepto de extorsión a nivel nacional.
Lamentó que “desgraciadamente han surgido nuevos grupos criminales que nos tienen sometidos a nivel nacional, en promedio hay cuatro grupos extorsivos que están afectando al transporte público”.
Según el transportista, “los pagos se hacen a través de monederos electrónicos, muchos de esos mecanismos no están normados por la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, lo cual permite una facilidad total para poder hacer los cobros de la extorsión”.
Comentó que muchas de las transferencias que hace el sector a grupos criminales organizados se hacen a “nombre de ciudadanos ya fallecidos, por lo que hay un tráfico de identidades de personas fallecidas”.
A su juicio, “el Registro Nacional de las Personas (RNP), debe dar de baja a esas personas no solo del sistema electoral, sino de todo mecanismo financiero, las personas fallecidas no pueden ni emisor, ni receptor de dinero”.
“Hay rutas que han desaparecido y puntos de taxis que han dejado de ofrecer el servicio, hemos solicitado a la Secretaría de Seguridad implementar protocolos de intervención de rutas”, señaló.
“En otros países del mundo no se concibe el hecho de que grupos criminales paralicen un servicio que se le ofrece a la población, por lo tanto, los delitos de extorsión deben convertirse en delitos de orden público”, concluyó.
