La ministra de Trabajo y Seguridad Social, Saraí Cerna retiró su postulación para aspirar al cargo de Fiscal General del Ministerio Público, mediante una carta enviada a la presidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Rebeca Raquel Obando.
La misiva que tiene fecha del 28 de junio contempla que la decisión de la profesional del Derecho obedece a razones personales y su apego a las leyes de la Constitución de la República.
Cerna no cumple con uno de los requisitos para ser Fiscal General del Estado, ya que su edad es de 38 años y lo que contempla la Ley es que el candidato no debe ser menor de los 40 años.
Argumentos
La información del retiro de la abogada Cerna del proceso de selección del Fiscal General del Ministerio Público, ha sido dada a conocer por miembro de la Junta Proponente, Wagner Vallecillo Paredes.
«Esta decisión obedece a decisiones personales y al respeto irrestricto de la Constitución de la República, mostrándoles, señores de la Junta Proponente, mis más grandes muestras de consideración y estima», reza la carta que fue leída por Vallecillo Paredes a la presidenta de la Junta, Rebeca Ráquel.
Saraí Cerna, bajo expediente PFGA-2023-08, fue una de las únicas siete mujeres que se postularon durante este proceso de proposición y elección del fiscal general y fiscal adjunto de la República que ejercerán entre 2023 y 2028.
Lentitud en el proceso
Por su parte, los representantes de la Red por la Defensa de la Democracia (RDD), mostraron su preocupación por la lentitud del proceso de selección de los dos perfiles profesionales que dirigirán el Ministerio Público hasta el 2028.
En un comunicado dado a conocer durante una conferencia de prensa en la sede de la Asociación para una Sociedad Más Justa (ASJ), apoyaron el proceso de selección, pero hicieron hincapié en la necesidad de una veeduría social.
Sin embargo, manifestaron su preocupación por la lentitud en el tiempo del desarrollo de cada una de las etapas, sobre todo en las críticas que corresponden a las tachas y denuncias, así como las investigaciones y audiencias públicas.
Es que los plazos son cortos para la Junta Proponente de acuerdo con el cronograma de actividades estipulado desde un inicio, ya que todo el proceso se evacuará prácticamente en un mes.
De acuerdo con el subdirector de Transparencia y Democracia de ASJ, Juan Carlos Aguilar, el objetivo del Ministerio Público debe ser centrarse en las necesidades del pueblo hondureño. “A llegado la hora de recuperar la dignidad y efectividad de esta institución”.
Por su lado, Ana Graciela Elvir, directora de la Facultad de Derecho de la Universidad Tecnológica Centroamericana (UTH), dijo que como académicos apoyan la veeduría ciudadana en el proceso de selección del Fiscal General y Fiscal General Adjunto del Ministerio Público.
“No dejemos que este proceso se desarrolle solo, a puerta cerrada. Desde la academia apoyamos la transparencia”, indicó la profesional del Derecho.
Politización
Pese a que desde la sociedad civil se impulsa la claridad del proceso, los políticos hacen sus propias cuentas y negocian quiénes pueden ser los ungidos para ocupar esos cargos.
Lo mismo sucedió con la escogencia de los magistrados para la actual Corte Suprema de Justicia (CSJ); no obstante, los acuerdos cada vez son más difíciles.
El diputado nacionalista, Antonio Rivera Callejas reconoció que con la negociación para la escogencia de los magistrados del Poder Judicial, evitaron una crisis dentro del país.
Pero en esta ocasión todo es diferente, la bancada nacionalista se ha cerrado en banda al querer evitar que el próximo titular del Ministerio Público sea afín al partido de gobierno.