La salvadoreña Doris Landaverde trabaja como guarda de seguridad en la prestigiosa Universidad de Harvard en Cambridge, Massachusetts, gracias al Estatus de Protección Temporal (TPS) que adjudicó Estados Unidos en 2001 a cientos de miles de ciudadanos de El Salvador; por ello, su trabajo y su vida penden de cada decisión del gobierno estadounidense sobre si revalidar o no este permiso con lo que la “amenaza” de ser deportada a su país ensombrece su situación y la de su familia.
El volver a El Salvador lo ve como el “peor de los escenarios” con todo su vida laboral y sus aportaciones a Estados Unidos. “Aunque aquí la situación de nosotros como trabajadores es complicada por el costo de vida que aumenta y aumenta, no se compara con los que nos esperaría de ser obligados a retornar a nuestros países”, dice.
A la fecha, El Salvador es el país con el mayor número de inmigrantes amparados por el TPS a partir de los registros del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) que -hasta la cancelación del beneficio en el año 2018- calculaba unos 198.000 salvadoreños protegidos por este estatus legal, seguido de Honduras con unos 60.000.
Un estudio realizado por dos expertos de la región, perfila las condiciones en los dos países centroamericanos y cómo el retorno forzado de más de 250.000 emigrantes y sus grupos familiares pondría en mayores aprietos a ambas naciones.
El economista William Pleites, que hasta 2021 dirigió la segunda fase del programa Fomilenio en El Salvador con la dotación de más de 700 millones de dólares de la Corporación Retos del Milenio (MCC) en Washington, considera en el informe ‘El Salvador: condiciones de país’ que la vuelta forzada de cerca de 200.000 salvadoreños y sus grupos familiares sería difícil de absorber para una economía que no logra ni suplir las necesidades de empleo de sus nacionales, con un déficit superior a las 40.000 plazas de trabajo cada año.
“Deportar a inmigrantes salvadoreños residentes en EEUU profundizaría las ya terribles condiciones socioeconómicas de El Salvador y crearía condiciones propicias para el malestar político y la desestabilización”, considera el estudio, que desglosa algunas variables para entender la dimensión del problema.
Landaverde se ve reflejada en esos datos y dice que “nosotros somos parte fundamental de la economía de Honduras y El Salvador”, por las aportaciones que como inmigrantes “hacemos” a esos países a través de remesas destinadas a las familias.
Landaverde habló con la Voz de América este lunes en el marco de una asamblea general de beneficiarios del TPS organizados en comités de apoyo de todo Estados Unidos y reunidos en las afueras de Washington para mantener “la lucha” para la vigencia del estatus legal cancelado por la administración del expresidente Donald Trump entre 2017 y 2018 a seis países que tenían el programa.
La investigación, que los tepesianos usaron este martes en múltiples encuentros en oficinas de congresistas y senadores también apunta a una disminución en remesas que supondría hasta 1.200 millones de dólares cada año, lo que fomentaría un incremento en la pobreza.
“Las tasas de pobreza aumentarían en 10 puntos porcentuales, el desempleo y subempleo afectaría aproximadamente a dos tercios de la población económicamente activa”, dice la investigación.
Múltiples factores
Cecilia Menjívar, socióloga y profesora del Departamento de Sociología de la Universidad de California, Los Ángeles (UCLA), coordinó el estudio en la parte de Estados Unidos y revisa la situación de la clase del TPS para consolidar los datos y el impacto que supone en los países.
Al presentar los resultados este lunes en una presentación virtual para los miembros de la Alianza Nacional del TPS, reunidos en Maryland, dijo que está claro que “ninguno de los dos países” reúne las condiciones necesarias para recibir a sus emigrantes ante una terminación definitiva del TPS que les obligaría a volver.
En la actualidad unos 350.000 inmigrantes de El Salvador, Honduras, Nicaragua, Haití, Sudán y Nepal siguen amparados en Estados Unidos mientras corren en cortes federales litigios con demandas interpuestas contra la anterior Administración aduciendo ilegalidad en la cancelación del beneficio migratorio.
Para Menjívar las condiciones socioecómicas en los países con el mayor número de beneficiarios del TPS indican que se van sumando nuevas preocupaciones que hacen más difícil el retorno de los inmigrantes.
Ya no sólo es la pobreza, violencia y la inseguridad –dijo- temas más actuales se suman a las preocupaciones como los efectos del cambio climático.
“Una cosa que encontramos en el caso de Honduras y también en El Salvador -pero más amplificado en el primero- es que el cambio climático es otro factor nuevo que se agrega al impacto a las condiciones existentes. Honduras ocupa el segundo lugar de mayor riesgo de vulnerabilidad a este fenómeno, y en los últimos años este país ha perdido un 3,3 de su Producto Interno Bruto (PIB) debido al cambio climático”, dice la experta.
Menjivar y Pleites basan su investigación en datos oficiales de los gobiernos de las dos naciones centroamericanas y los de organismos internacionales que compilan bases de datos para leer las perspectivas de empleo, inversión extranjera, atención en salud, educación, seguridad social y los reportes de violencia e inseguridad en esos países.
Datos para no volver
José Palma otro salvadoreño beneficiario del TPS y organizador nacional del movimiento que busca soluciones a la cancelación del estatus, dice que los datos de esos estudios refuerzan los planteamientos que como colectivo hacen a las autoridades de Estados Unidos para mantener activo el beneficio.
Esos estudios -dice Palma- permiten mostrar “ese ángulo económico” porque aunque los gobiernos de los países centroamericanos digan que “están en buena dirección, estas clases de reportes muestran que nuestros países todavía necesitan apoyo de la comunidad tepesiana porque no está en capacidad de recibirnos con nuestro grupo familiar”, opina.
El estudio concluye que tanto las economías salvadoreña y hondureña “no están generando los empleos necesarios para absorber la demanda”, en los 25 años pasados la economía salvadoreña solo ha generado un promedio de 13.000 empleos cada año y la economía formal ha ido decreciendo en comparación con el crecimiento de su población desde 1989.
Según datos comparativos de diferentes fuentes “un 60 % de la fuerza laboral está subempleada”, muy parecido con Honduras, con la diferencia que el vecino salvadoreño encara aún más retos por extrema pobreza generalizada.
Cecilia Menjívar agrega que antes de iniciar la pandemia de COVID-19 Honduras tenía un 71,5 % de la población en pobreza, es decir unos 9,5 millones de habitantes, y “un 25,2 % en pobreza extrema.
A un año de haber iniciado la pandemia los indicadores se habían disparado “Para 2021, el 73,6 % de la población del país vivía en la pobreza; la parte de aquellos que vivían en la pobreza extrema habían aumentado a un asombroso 53,7 % de la población» razonó la investigadora.
Mardoel Hernández, hondureño beneficiario del TPS comenta que ver esa información que pone en línea a dos países lleva a entender que “compartimos esos índices” y que atrás de esos números se refleja la migración forzada que sigue saliendo de las naciones, especialmente con la intención de llegar a Estados Unidos un país que cuestiona si continuar o no con el estatus legal para miles de centroamericanos.