La derogación del decreto legislativo 116-2019, concerniente al denominado Fondo Departamental, que fue considerado un pacto de impunidad, fue publicada en La Gaceta ayer, sábado, informó el presidente del Congreso Nacional (CN), Luis Redondo, a través de sus redes sociales.
El decreto 116-2019 fue derogado el miércoles 2 de agosto de 2023 por la noche en sesión ordinaria del poder Legislativo con la votación de 78 diputados (mayoría simple) y la misma entró en vigencia bajo decreto 56-2023, sancionado por la presidenta Xiomara Castro durante la semana.
Este decreto permitía la asignación de presupuesto a los diputados del Congreso Nacional para la ejecución de obras sociales, comunitarias y de infraestructura en los departamentos de cada parlamentario.
De tal manera, la Fiscalía no podía presentar requerimientos si el Tribunal Superior de Cuentas (TSC) no hacía antes una auditoría sobre el uso de los fondos asignados.
«Publicada en La Gaceta la derogación del Pacto De Impunidad (Decreto 116-2019) derogación que durante años solicitó la Maccih (Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras) y por la que fue expulsada de Honduras», publicó el titular del CN.
Y agregó: «Los hechos hablan más que mil palabras. La aplicación de justicia no se debe dilatar más. Condenamos todo acto que pretenda mantener la impunidad al margen de la Constitución de la República y la Ley».
Algunos sectores se pronunciaron durante la semana en contra de la manera en la que se derogó el decreto 116-2019, pues aseguran que esta debía ejecutarse por votación con mayoría calificada (al menos 86 votos) y no por mayoría simple, como ocurrió.
Así lo explicó el viernes Oliver Erazo, abogado constitucionalista, detalló que el decreto debía ser derogado por mayoría calificada de acuerdo con el artículo 21 del mismo.
Dicho artículo reza: «Sobre esta Ley procederá su reforma o derogación mediante una votación de dos tercios (2/3) del total de diputados del Congreso Nacional».
Por su parte, Marlon Lara, diputado del Partido Liberal (PL), dijo un día después de la derogación del 116-2019 que, al ser este una ley secundaria, bastaba con mayoría simple para su derogación.
No obstante, apuntó que se realizarán los análisis jurídicos correspondientes del caso para evitar que decisiones legislativas que requieren de mayoría calificada, como la elección de los fiscales del Ministerio Público (MP), sean ejecutadas con mayoría simple.
Así lo explicó el viernes Oliver Erazo, abogado constitucionalista detalló que el decreto debía ser derogado por mayoría calificada de acuerdo con el artículo 21 del mismo.
Dicho artículo reza: «Sobre esta Ley procederá su reforma o derogación mediante una votación de dos tercios (2/3) del total de diputados del Congreso Nacional».
Por su parte, Marlon Lara, diputado del Partido Liberal (PL), dijo que, al ser este una ley secundaria, bastaba con mayoría simple para su derogación.
No obstante, apuntó que se realizarán los análisis jurídicos correspondientes del caso para evitar que decisiones legislativas que requieren de mayoría calificada, como la elección de los fiscales del Ministerio Público (MP), sean ejecutadas con mayoría simple.