La expresidenta de la Junta Interventora del Instituto Nacional Penitenciario (INP) reveló que durante su paso por las cárceles descubrió la colusión entre el crimen organizado y las autoridades.
La viceministra de Seguridad comenzó su relato con la supuesta corrupción en el centro penal de Olanchito, Yoro, que se basa en el pago para permitir visitas a privados de libertad.
En dicho reclusorio se comenzó con un traslado de reos, el cual suele traficarse -según ella-, lo que generó molestia y advertencias «que iban a boicotear su trabajo».
Esto último ella lo percibió en las requisas en la cárcel El Pozo, de Ilama, Santa Bárbara, cuando los presos tenían conocimiento de las programaciones hechas a lo interno de la interventora.
«No podía entender cómo los expertos en requisas no estaban encontrando nada y me di cuenta que la Policía Nacional nunca había hecho una requisa de esa categoría», dijo Julissa Villanueva.
En ese sentido, indicó que empezó una inspección personalmente, junto a su directorio de policías, para comenzar a encontrar caletas con objetos ilícitos dentro de la cárcel de El Pozo; mientras los otros equipos seguían asegurando no haber encontrado nada.
«Cuando abro, el tercer día, aquellos módulos las iguanas, las cámaras todo estaba (…) todos son unos mentirosos, todos son unos cómplices, desde la Policía Penitenciaria hasta la misma dirección (de la cárcel)», externó la funcionaria.
Asimismo, aseveró que la dependencia de inteligencia asignada a las cárceles «son unos podridos».
Corrupción hasta en los huevos
Por otra parte, manifestó que la corrupción llegaba hasta la adquisición de alimentos, donde existe una adulteración de precios, lo cual genera perjuicios por sobrevaloración de facturas.
«Los huevos del INP los tenían los corruptos que traficaban, que pasaban coimas, desde el que compra hasta que el que los promociona», acotó.
La funcionaria concluyó que la problemática del sistema penitenciario de Honduras es causada por el crimen organizado aliado con la legalidad.
Villanueva fue cesada este miércoles como presidente de la Junta Interventora en las cárceles tras la masacre en la Penitenciaría Nacional Femenina de Adaptación Social (PNFAS), de Támara, Francisco Morazán, que dejó 46 mujeres muertas.
Mientras, que a partir del 1 de julio el sistema penitenciario pasará al control de la Policía Militar del Orden Público (PMOP).