La condena es enérgica ante el asesinato de dos defensores de los derechos humanos pertenecientes a la etnia tolupán, de acuerdo a lo expresado en un comunicado del Sistema de Protección de Honduras.
La solicitud se hizo directamente al Ministerio Público y se pidió investigar el doble crimen y sancionar a los responsables.
El Sistema de Protección indicó que los defensores de derechos humanos fueron asesinados este miércoles en la comunidad de San Francisco Locomapa, departamento de Yoro, en el norte de Honduras.
Se trata de Amílcar Vieda, de 45 años y miembro del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ), una ONG defensora de derechos humanos, y Saúl Ismael Chacón (22).
Los defensores fueron asesinados «en un ambiente hostil y violento, caracterizado por amenazas, intimidaciones y campañas de desprestigio contra quienes defienden los derechos de la tierra y el medioambiente», añadió.
El Sistema hizo «un llamado enérgico» a la Secretaría de Seguridad para que brinde «protección y seguridad» a los defensores de derechos humanos que han sido objeto de «persecución, amenazas y cuyas vidas corren peligro inminente».
Solicitó, además, al Ministerio Público que realice de «forma inmediata las debidas diligencias para activar y completar eficazmente la investigación que permita determinar la responsabilidad intelectual y material de los autores» de los dos asesinatos.
El Sistema Nacional de Protección pidió verificar, supervisar y tomar «las medidas necesarias sobre los procesos relacionados con el otorgamiento de permisos de operación para la explotación del bosque y minería» en San Francisco de Locomapa, acogiéndose a los estándares de derechos humanos.
El organismo hondureño ha elaborado un protocolo para abordar casos de asesinatos de defensores de derechos humanos, por lo que destacó la necesidad de «activarlo de manera inmediata para impulsar las investigaciones correspondientes».
También solicitó el acompañamiento del Comisionado Nacional de Derechos Humanos (Conadeh), y establecer contactos con autoridades locales para obtener información sobre la situación de vulnerabilidad de los familiares afectados.
«Recordamos, desde nuestra función como promotores y garantes de la protección de los derechos humanos, que la persona humana es el fin supremo de la sociedad y el Estado, y que todos tienen la obligación de respetarla y protegerla», según el comunicado.
