El coronel Ramiro Fernando Muñoz Bonilla, comandante de la Policía Militar de Orden Público (PMOP) anunció la decisión de cancelar las visitas a reclusos en el Centro Penitenciario Nacional de Támara para combatir la extorsión desde las cárceles.
El también presidente de la Junta Interventora del Instituto Nacional Penitenciario (INP), anunció a través de las redes sociales que la suspensión de las visitas a reclusos en la cárcel de Támara entra en vigencia desde este fin de semana.
La decisión se basa en la detección de notas extorsivas y comunicaciones comprometedoras que, según el coronel Muñoz Bonilla, están perjudicando a la población hondureña, especialmente en el sector del transporte y otros negocios en Tegucigalpa.
En una declaración pública, el comandante explicó que tras analizar la situación del fin de semana, se encontraron evidencias de que desde las cárceles de máxima seguridad en Támara se estaban gestando actividades extorsivas dirigidas hacia diferentes sectores, principalmente el transporte y negocios locales.
«Una cosa es clara, nosotros decomisamos todas estas notas, pero si ya la hicieron es porque no han entendido y no quieren comprender el mensaje que hemos querido llevar», expresó el coronel.
En consecuencia, a partir de este fin de semana, las visitas en el Centro Penitenciario Nacional de Támara están suspendidas. Esta medida se mantendrá hasta que se reduzcan las actividades extorsivas y los incidentes mortales relacionados con la extorsión en el país.
Muñoz Bonilla advirtió también que si se descubre cualquier intento de comunicación extorsiva desde cualquier otro centro penal de Honduras, se suspenderán las visitas en ese lugar específico.
Subrayó, además, la importancia de no permitir que las cárceles sigan siendo un problema para la población hondureña y destacó que el Estado no debería financiar a reclusos que continúan delinquiendo desde prisión.
Las cárceles en Honduras
Honduras cuenta con 25 centros penales, incluido el de Támara, con una capacidad total para 15,000 reclusos. Sin embargo, actualmente albergan a casi 20,000 personas, superando su capacidad en unos 5,000.
Desde julio de 2023, la PMOP asumió el control de estas instalaciones tras enfrentamientos violentos entre abril y junio, en los cuales se intentó establecer una comisión interventora sin éxito, resultando en heridos y pérdida de vidas.
Esta drástica medida busca no solo controlar la situación dentro de las cárceles, sino también enviar un mensaje claro a aquellos que intentan utilizar las instalaciones penitenciarias como centros de operaciones para actividades criminales, según el comandante de la PMOP.
