La administración Castro inició oficialmente la ejecución de la II Etapa del Plan de Seguridad, que ahora se llama “Plan Nacional de Solución contra el Crimen”, que incluye la ampliación del estado de excepción durante seis meses.
En esta estrategia participarán los agentes de la Policía Nacional y los efectivos de las Fuerzas Armadas de Honduras que intervendrán las zonas más inseguras del país.
Los actos oficiales se realizaron en el Campo de Parada Marte en Comayagüela, con la participación del ministro de Defensa, Manuel Zelaya Rosales, el jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas de Honduras, José Jorge Fortín y otras importantes autoridades del gobierno.
Este Plan Nacional de Solución contra el Crimen consiste en:
Con esta ampliación quedarán suspendidas las garantías constituciones por un término de seis meses, afirmó el ministro de Seguridad, Ramón Sabillón.
La Secretaría de Seguridad es responsable de coordinar y ejercer sus facultades en todo el país, y responderá por sus resultados en este plan en los departamentos de Francisco Morazán y Cortés, centro y norte del país, donde se busca “combatir y poner fin a la criminalidad”, señaló.
Por su parte, la Secretaría de Defensa colaborará de “manera efectiva” ejecutando acciones y actividades en materia de seguridad como lo ha venido realizando permanentemente, pero ahora de manera especial en los departamentos de Colón, Olancho, El Paraíso y Gracias a Dios, caribe, y este del país.
La Policía Militar del Orden Público (PMOP) colaborará en acciones y actividades de seguridad en los departamentos de Atlántida, Yoro y Copán, en el Caribe, norte y oeste del país.
El Consejo Nacional de Seguridad y Defensa instruyó a las Fuerzas Armadas de Honduras a colaborar con el Instituto Nacional Penitenciario en la habilitación de batallones como “Centros de Reclusión de Emergencia” para dar cumplimiento al Plan Nacional de Solución contra el Crimen.
“Este plan tiene como meta terminar con el crimen, narcotráfico, decomisar plantaciones y capturar a las cabecillas de maras y pandillas en los departamentos asignados”, dijo el titular de Defensa, José Manuel Zelaya.
En qué consiste este estado de excepción de Castro
En el patrullaje militar y policial en las zonas más inseguras de las principales ciudades, la habilitación de los batallones como cárceles temporales y el arresto preventivo de ciudadanos para asuntos de investigación.
Esta es una medida de índole temporal para abordar una cuestión urgente que pone en riesgo la vida e integridad de la ciudadanía y que no puede abordarse de otra manera.
Detractores del estado de excepción
Los primeros son los representantes de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), que hizo un llamado al gobierno para velar por los derechos de la población, cumpliendo el Estado Constitucional.
Este pronunciamiento es del 7 de diciembre de 2022, tras entrar en vigor el Decreto Ejecutivo PCM 20-2022, que suspenden los seis derechos garantizados en la Constitución de Honduras.
- Libertad de circulación
- El derecho a la asociación y reunión
- La inviolabilidad del domicilio, etc
Por otro lado, el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH), ha mostrado su preocupación por la ampliación del estado de excepción porque consideran que el decreto que lo sustenta contiene una normativa considerablemente frágil.
Esta posición se mantiene desde febrero de 2023, cuando la administración Castro Sarmiento ordenó la primera ampliación del decreto que da vida a la limitación de las garantías constitucionales para preservar la seguridad ciudadana.
El CONADEH acusa al gobierno de no dar razones suficientes que determinen que la ampliación del estado de excepción se constituye en la única medida idónea disponible para combatir la extorsión y los delitos conexos.
Cifras que impulsan el estado de excepción
La recaudación anual del llamado “impuesto de guerra”, es decir, el cobro de extorsión, es de unos 737 millones de dólares, equivalente al 3 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) y al 14.7 por ciento de la recaudación fiscal, según un estudio de la Asociación por una Sociedad más Justa (ASJ) publicado en 2022.
Además del perjuicio económico, señala el estudio, la extorsión se multiplica en crímenes violentos, incluyendo los homicidios, frena el crecimiento económico del país con el cierre de negocios, impide que otros abran sus establecimientos, restringe la generación de empleo y tiene un impacto psicosocial grande para las víctimas y la sociedad en general.
Uno de los sectores más afectados es el de los transportistas, con 1,781 asesinatos entre 2010 y 2019.
“Esto, junto con las cantidades inmensas de dinero requeridas en extorsión de este rubro, lleva a frecuentes paros de transporte”, señala ASJ.
Pero, además, el Estado de Honduras invierte cientos de millones de lempiras cada año en subsidios al transporte, “que a través de la extorsión terminan alimentando indirectamente a las pandillas”, en vez de utilizarse para educación, salud y desarrollo humano, refiere también ASJ.
Tratados internacionales a los que Honduras se ha suscrito
· La Convención Americana de los Derechos Humanos
¿Se contradice Castro al ordenar ampliar el estado de excepción?
Durante su campaña la titular del Poder Ejecutivo contradice su propio plan de gobierno para el sector de defensa y seguridad, que indica la necesidad de desmilitarizar las calles.
La presidenta considera que la “mano dura” como método de orden social muestra que limitar garantías constitucionales y recurrir al despliegue masivo de las fuerzas de seguridad no son respuestas sostenibles que aborden las causas estructurales del problema.
Una posición similar a la de Ramón Sabillón, ministro de Seguridad, quien basado en cifras oficiales que no cuadran, en una entrevista otorgada a El Faro, de El Salvador, declaró que «la gente quiere puño duro».
Por otro lado, Ana María Méndez-Dardón, directora para Centroamérica en WOLA, dijo que: “limitar derechos constitucionales que además están garantizados en los tratados internacionales supone un riesgo enorme a que ocurran violaciones de derechos humanos como detenciones arbitrarias y se cometan abusos de autoridad”.
¿Cuántas veces se ha ampliado el estado de excepción?
En diciembre de 2022, el gobierno de la presidente Castro ordenó un estado de excepción durante 45 días en 123 de los 298 municipios de Honduras.
En febrero de 2023, el Poder Legislativo aprobó la ampliación de esta medida como una respuesta al decreto ejecutivo PCM 10-2023, que tiene vigencia hasta el 6 de abril.
Tras esta prolongación del estado de excepción, la presidenta Castro ordenó a las autoridades de seguridad y defensa, que trabajarán en conjunto con el sistema judicial y otros entes estatales en la reducción de los índices de criminalidad.
En un informe presentado el primer día del año, la Secretaría de Seguridad señaló que Honduras cerró 2022 con una tasa de homicidios de 35,79 por cada 100.000 habitantes, la más baja en 16 años en uno de los países más violentos del mundo.
El informe, que atribuye la reducción a la implementación de «nuevas estrategias» de seguridad, indicó que 1.371 miembros de pandillas fueron capturados el año pasado, además de 307 bandas criminales desarticuladas dedicadas a la venta de droga, extorsión y otros delitos que inciden en la violencia criminal.
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