El expresidente de Honduras, Porfirio Lobo Sosa, negó que las acusaciones presentadas por la Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (Uferco) en el marco del caso «Pandora II», en el que se le imputan delitos de fraude, tengan que ver con un asunto de «compadre hablado».
«No es una acusación de ‘compadre hablado’ para evitar una extradición, no tiene nada que ver con lo demás. Uno sabe dónde está parado. Desde hace mucho tiempo dicen que me van a extraditar, hasta los voceros que tenía Juan Orlando Hernández decían que se iban a llevar a un expresidente, y que era yo, y al final no pasó», declaró Lobo Sosa.
Lobo Sosa, que gobernó Honduras entre 2010 y 2014, aseguró que «no hay evidencias» en su contra que lo vinculen con la narcoactividad y que pudieran someterlo a un proceso de extradición hacia Estados Unidos, y añadió que tampoco está utilizando la justicia hondureña para ser procesado penalmente en el país y así evitar ser requerido por la justicia estadounidense.
«No tienen nada en mi contra, por eso no me llevan. ¿Qué van a tener, los testimonios de los delincuentes?», se cuestionó con tono irónico.
A pesar de lo anterior, Porfirio Lobo Sosa sí ha sido mencionado en distintos procesos penales en la Corte del Distrito Sur de Nueva York, sobre todo los relacionados con el expresidente Juan Orlando Hernández (2014-2022).
En el marco de la acusación presentada por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York contra Juan Orlando Hernández en febrero de 2022, se alega que Lobo Sosa fue uno de los beneficiarios de importantes sumas de dinero procedentes del narcotráfico, a través de sobornos de Alexander ‘Chande’ Ardón, exalcalde de El Paraíso, Copán, y considerado un capo del narcotráfico por Estados Unidos.
Estos fondos, que llegaron a sumas de hasta 2 millones de dólares, supuestamente financiaron la campaña presidencial de Lobo Sosa durante las elecciones generales de 2009, lo que finalmente le permitió convertirse en presidente en 2010, y la elección interna de Juan Orlando Hernández como presidente del Congreso Nacional.
Además, su hijo, Fabio Lobo, el 6 de septiembre de 2017 fue condenado a 24 años de prisión, luego de que la Corte del Distrito Sur de Nueva York lo encontrara culpable por delitos de narcotráfico.
A ver cómo actúa la nueva Corte, dice Lobo Sosa
Con relación a la acusación presentada por la Uferco, Porfirio Lobo Sosa indicó: «Vamos a probar cómo son los tribunales de esta nueva Corte (Suprema de Justicia). Hay que ver qué pasa. Estoy interesado en ver qué pasa. Esto es una forma de ver cómo actúa esta nueva Corte».
Lobo Sosa enfatizó que él no manejó fondos, como aduce la Uferco, sino que ejerció sus funciones constitucionales, que incluían autorizar transferencias de partidas presupuestarias a otras áreas.
«Yo no respondo por lo que hacen ahí abajo. La fiscalía puede asumir que yo estaba al tanto de esos movimientos», añadió.
Pandora II
El caso «Pandora II», presentado este miércoles por el Ministerio Público, involucra a los expresidentes, Porfirio Lobo Sosa (2010-2014) y Juan Orlando Hernández (2014-2022), en acusaciones de fraude y lavado de activos relacionados con hechos ocurridos entre 2010 y 2013, cuando Lobo Sosa era presidente de Honduras y Hernández era el presidente del Congreso Nacional.
La Uferco también presentó requerimientos fiscales contra seis exfuncionarios, incluyendo a Wilfredo Cerrato, exsecretario de Finanzas y expresidente del Banco Central de Honduras (BCH), por fraude.
Estas acusaciones se basan en la participación de estos exfuncionarios en una red de corrupción que facilitó la aprobación de desembolsos de fondos públicos por más de L288,016,175.00 destinados a fundaciones como «Todos Somos Honduras» y «Dibattista».
Estos fondos se habrían dirigido a campañas electorales a través de la utilización de empresas ficticias, prestanombres y contratos ficticios.
La presentación de los requerimientos fiscales se llevó a cabo en la Corte Suprema de Justicia (CSJ) debido a la condición parlamentaria de Juan Orlando Hernández, quien continúa siendo diputado del Parlamento Centroamericano (Parlacen), a pesar de su extradición a los Estados Unidos en 2022 por cargos relacionados con el narcotráfico.
