Oabi maneja sin control dineros decomisados a los narcos. No se reportaba el dinero, las joyas, las obras de arte ni senmovientes.
Informes dados a conocer por la auditoría interna de la Oficina Administradora de Bienes Incautados (Oabi) indican que no se reportaba el dinero, las joyas, las obras de arte y senmovientes que se quitaban a personas ligadas con el narcotráfico.
Es que el gobierno de la presidenta Xiomara Castro ordenó hacer una evaluación previa a tomar una decisión para desaparecer esta institución estatal.
Los auditores se encontraron registros inexistentes o reportes deficientes de los bienes que tiene a su cargo esta oficina, por lo que se limitaron a hacer solo un levantamiento físico sin valores de referencia.
Todavía no se sabe si se procederá judicialmente contra funcionarios y exfuncionarios de este ente del Estado, como parte de una política de rendición de cuentas.
Es que con el «borrón y cuenta nueva» que puede dejar fuera de la cárcel a muchos corruptos, en Congreso Nacional se trabaja en una normativa especial para la Oabi.
En el reporte de auditoría se menciona un software denominado Sisbienes que es utilizado para el registro de bienes incautados, pero este tiene serias limitantes para el control y seguimiento.
Especialmente, comenta el informe, si estos bienes tienen contratos acomodados o pólizas de seguro. Tampoco existe un control del estatus legal de cada bien.
Otro de los hallazgos de los auditores tiene que ver con bienes que han sido subastados y vendidos de forma directa y arrendamientos con valores muchos menores a los precios de referencia del mercado, sin avalúos previos.
Las inspecciones a los bienes incautados se realizan cada tres o cuatro años, por lo que se han detectado daños en los mismos con un futuro problema de enfrentar a la autoridad competente cuando se ordene la devolución a los propietarios.
En el caso de los arrendamientos de los bienes, se le debe a la Oabi más de 125 millones de lempiras, más los impuestos de servicios públicos e impuestos, debido a que muchos fueron abandonados.
Lo anterior ocurre bajo el amparo de contratos suscritos de manera irregular en los meses previos de la entrega de poder de la anterior administración Hernández.
Pese a los grandes hallazgos el Ministerio Público no ha iniciado ningún procedimiento de investigación para deducir responsabilidades a quienes cometieron estos delitos… la pregunta es ¿por qué?, la respuesta aun es una incógnita.
