La Junta Proponente encargada de la proposición de candidatos a fiscal general y fiscal general adjunto de la República determinó la inadmisión de los recursos de reposición presentados por Mario Urquía y Luis Javier Santos, quienes aspiraban a ocupar dichos cargos, pero que fueron descalificados tras enfrentar denuncias y tachas en su contra.
En el caso de Mario Urquía, exjuez de lo Civil y lo Contencioso Administrativo, la votación a favor de inadmitir su recurso provino de Julio Raudales, Odir Fernández y José Ramón Ávila, representantes de universidades privadas, Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) y sociedad civil, respectivamente.
Sin embargo, tanto la presidenta de la Junta Proponente, Rebeca Ráquel, como el secretario general, Wagner Vallecillo, se excusaron de participar en la votación debido a un conflicto de interés.
La descalificación de Urquía se debió a su participación anterior como presidente de la Junta Nominadora para la proposición de candidatos a magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
Dicha participación lo inhabilitó según el artículo 8 de la Ley Especial de Organización y Funcionamiento de la Junta Nominadora, que prohíbe a haya miembros ocupar cargos administrativos o jurisdiccionales en los poderes Judicial, Legislativo y Ejecutivo durante los dos años posteriores a su involucramiento en la Junta.
Aunque con mayoría de votos se descalificó a Mario Urquía, la representante del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh), Blanca Izaguirre, y el representante del Colegio de Abogados de Honduras (CAH), Alejandro Hernández, votaron a favor de que se admitiera su recurso de reposición.
«La Ley Especial de la Junta Nominadora expresa que sus representantes no pueden optar a determinados cargos públicos, administrativos o jurisdiccionales, en los tres poder del Estado. El Ministerio Público es un órgano independiente y no un poder estatal», argumentó Izaguirre.
Luis Javier Santos, también quedó fuera
En el caso de Luis Javier Santos, la votación en contra de admitir su recurso de reposición fue aún más amplia.
Solo José Ramón Ávila y Julio Raudales consideraron que el jefe de la Unidad Fiscal Especializada en Redes de Corrupción (Uferco) debía seguir en el proceso.
Santos fue excluido debido a su participación en una demanda colectiva contra el Estado hondureño y también porque la Procuraduría General de la República (PGR) presentó una demanda en su contra, que, argumentó, desconocía.
La exclusión de Luis Javier Santos generó cierta tensión dentro de la sesión de la Junta Proponente que se celebró este lunes.
José Ramón Ávila, representante de la sociedad civil, incluso arguyó que «nos vamos a ver muy mal como Junta Proponente sacando de este proceso a una persona que ha luchado frontalmente contra la corrupción».
Contra las resoluciones que efectuó hoy la Junta Proponente no procede ningún otro recurso, por lo que ahora se limitarán a evaluar a los 15 postulantes restantes que continúan activos en el proceso.
Se trata de las siguientes personas: Jenny Gabriela Almendares, Marcio Cabañas Cadillo, Carlos Roberto Cálix, Félix Antonio Coca, Ivis Antonio Discua, Yuri Fernando Melara, Mario Alexis Morazán, Rita Ondina Núñez, Pablo Emilio Reyes, Raúl Hernán Silva, Kevin Solórzano Hernández, Juan Rafael Soto, Reyna Teresa Valerio, Julio Vladimir Mendoza, Johel Antonio Zelaya.
¿Qué sigue en el proceso?
Los aspirantes ahora deberán someterse a un examen escrito para evaluar su conocimiento sobre la normativa y la organización del Ministerio Público, que se aplicará este miércoles.
Posteriormente, el jueves, se llevarán a cabo entrevistas públicas en el Aula Magna del Edificio Alma Máter de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), Ciudad Universitaria, en Tegucigalpa, capital de Honduras, para evaluar criterios de idoneidad profesional, moral y ética mediante una matriz de evaluación.
La mayoría de los postulantes activos son o han sido fiscales y jueces, incluso entre ellos hay un exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
Antes del 1 de agosto, la Junta Proponente deberá enviar una nómina de los cinco candidatos al cargo de fiscal general y fiscal general adjunto mejor evaluados, garantizando la inclusión de al menos dos mujeres.
Posteriormente, el Congreso Nacional elegirá a los nuevos fiscales generales con al menos 86 votos, quienes asumirán el cargo en reemplazo de Óscar Chinchilla y Daniel Sibrián, cuyos períodos constitucionales al frente del Ministerio Público concluyen el próximo 31 de agosto.