La Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (Uferco) presentó un requerimiento fiscal contra seis imputados por su participación en un esquema de lavado de dinero procedente del narcotráfico a través de contratos estatales.
En este contexto, los acusados incluyen al gerente propietario de la empresa INRIMAR, Devis Leonel Rivera Maradiaga, conocido como ‘El Chachiro’; su representante legal, Nohelia Mercedes Pacheco Murillo, y su hermana, Irza Fané Pacheco Murillo, representante legal de la empresa supervisora Arquitectura, Diseño y Construcción S. de R. L. (ARDIQCO).
Además, figuran en la acusación el exdirector del Fondo Vial, Hugo Alfredo Ardón Soriano; el exjefe de la gerencia técnica, Elder Jacobo Goméz Gavarrete, y su exasistente, Iris María Sarmiento Ferreira.
Esta es la segunda línea de investigación del caso conocido como Narcopolítica, que en su primera fase en mayo de 2019 condujo a la acusación de 12 personas relacionadas con el lavado de dinero a través de obras públicas, muchas de las cuales nunca se llevaron a cabo.
Entre los coimputados se encuentran Fabio Porfirio Lobo Lobo, hijo del expresidente Porfirio Lobo Sosa, y Devis Leonel Rivera Maradiaga, líder del cartel de Los Cachiros, con cargos relacionados con conspiración para el narcotráfico en Estados Unidos.
Tanto en la primera fase como en esta segunda, las acusaciones se centran en la concesión de contratos a INRIMAR, que aparentemente tenían como objetivo llevar a cabo obras en los departamentos de Olancho, Colón y Yoro.
Inicialmente, se determinó que se les otorgaron 21 contratos por más de 68 millones de lempiras (L.68,326,690.55) y ahora se han identificado otros 10 contratos por más de 50 millones de lempiras (L.50,786,654.12).
«Tales contratos se adjudicaron sin que la empresa INRIMAR cumpliera con los requisitos que establece la ley para poder contratar con el Estado, durante la gestión de gobierno del expresidente Porfirio Lobo Sosa», reza el escrito, «para la concesión de unos contratos se fraccionaron las obras y en otros se emitieron decretos de emergencia por una tormenta tropical»
De acuerdo con las investigaciones de la Uferco del Ministerio Público, la mayoría de las obras no se llevaron a cabo y las que sí se realizaron fueron sobrevaloradas. Esto era con el propósito de legitimar a INRIMAR para lavar dinero del narcotráfico, a través de instituciones gubernamentales.