A 10 días del asesinato de Juan López defensor ambientalista y regidor de Tocoa, miembros del COPINH llegan hasta la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para exigir respuesta inmediata y justicia.
Han llegado desde varios territorios para exigir a la Corte resultados con relación al asesinato de Juan Antonio López y recordar a este ente que tienen recursos de inconstitucionalidad con relación al decreto 93- 2021 que conlleva a la criminalización de toda la protesta social.
Asimismo, exigen que se declare inconstitucional la Ley para la Modernización y Desarrollo del Sector Agrícola porque permite la concentración de la tierra en manos de los grandes terratenientes y empresas transnacionales.
“Estamos aquí en esta Corte Suprema de Justicia exigiendo que se pronuncie con relación a estas peticiones de inconstitucionalidad que tenemos desde hace más de un año, pero también estamos exigiendo que cese ya la criminalización por delitos de usurpación, estos casos deberían de ventilarse o desarrollarse en tribunales civiles y no llevarlos a instancias penales porque realmente lo que ocurre en este país es una mala distribución equitativa de la tierra”, expreso Jonny Rivas integrante de la Plataforma Agraria.
Quien agrego que el Estado de Honduras está obligado a dar respuesta inmediata con relación a los responsables materiales e intelectuales del asesinato de Juan López quien su única falta fue luchar por un ambiente sano en el país.
