La coordinadora residente de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en Honduras, Alice Shackelford, manifestó que el Sistema Nacional de Protección en Honduras debe ser reforzado.
«Honduras necesita fortalecer los mecanismos de protección, sé que se está trabajando con la Secretaría de Derechos Humanos alrededor del mecanismo nacional de protección de los defensores y defensoras de derechos humanos, pero claramente hay desafíos», expresó Shackelford.
El pasado 2 de junio se nombró a Rodolfo Zamora como nuevo director del Sistema Nacional de Protección en un contexto complejo.
Días atrás, el 29 de mayo, se halló muerto en Atlántida, en el Caribe hondureño, al líder garífuna Martín Morales, quien contaba con medidas del Sistema Nacional de Protección.
Y esta semana, en Tegucigalpa, capital de Honduras, sicarios atentaron contra el abogado penalista Iván Martínez, antiguo defensor privado del expresidente Juan Orlando Hernández (2014-2022), cuando se dirigía hacia el Juzgado de Letras Penal de Francisco Morazán.
Martínez también contaba con medidas del Sistema Nacional de Protección, aunque según manifestó el presidente del Colegio de Abogados de Honduras (CAH), Rafael Canales, se las quitaron.
A criterio de la máxima representante de las Naciones Unidas en Honduras, son varios los desafíos que existen para contar con medidas de protección verdaderamente eficaces para defensores de derechos humanos u operadores de justicia.
«No solo se debe cuestionar los recursos disponibles del Sistema Nacional de Protección, sino también las capacidades institucionales para dar seguimiento a estos casos en un contexto donde la impunidad sigue yendo hacia niveles altos», manifestó la diplomática.
Especificó que se debe fortalecer al Ministerio Público hondureño y conseguir que consiga justicia de manera eficaz.
«Mi llamado es a la pronta investigación, nos preocupa la impunidad y la normalización de la violencia», subrayó Shackelford.
Poca eficiencia del Sistema Nacional de Protección
Tras la publicación de la Ley de Protección para los Defensores de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia, en 2015, se creó el Sistema Nacional de Protección.
Sin embargo, estos grupos continúan siendo víctimas de la criminalidad en Honduras.
En el caso de los abogados y los periodistas, entre 2004 y 2023, han sido asesinadas 210 y 96 personas respectivamente, según datos del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh).
Y, también de acuerdo a datos del Conadeh, entre 2014 y 2023 se contabilizaron 135 defensores de derechos humano asesinados.
