De más de 148 años podría ser la sentencia para la exfiscal Francia Sofía Medina, por falsificar documentos públicos en 37 transacciones en las cuales retiró 88 millones 600 mil lempiras de las bóvedas del Banco Central de Honduras (BCH).
Las autoridades del Ministerio Público informaron del ilícito el 28 de noviembre pasado, cuando los agentes de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), allanaron los bienes de la imputada, tras una orden judicial.
La abogada Medina se encuentra en este momento tras las rejas, en la Penitenciaría Nacional Femenina de Adaptación Social (PNFAS), sita en Támara, Francisco Morazán, a la espera de la audiencia inicial que será mañana en los juzgados sampedranos.
La situación de la exfiscal es bastante complicada, aunque los analistas judiciales consultados consideran que tras estos retiros, hubo una red de personas que facilitaron el delito y son cómplices en todo el proceso que duró del 2019-2023.
Habla el defensor
Sin embargo, el abogado defensor de la exfiscal Medina, Percy Elvir dijo que pese a todo, la situación legal de su defendida es bastante complicada.
El abogado explicó que para retirar dinero custodiado por el BCH solo puede hacerse para ser depositado en la cuenta de la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI), si así lo dispone el Ministerio Público.
Se retiran los fondos para ser presentados como evidencia en el juicio o para la devolución a la persona a quien se le decomisó después de recibir una sentencia absolutoria.
En una escueta declaración, la exfiscal Medina reconoció que sí solicitó la devolución de esas evidencias, por eso es necesario que para establecer si se siguió todo el procedimiento de la Ley, hay que estudiar los documentos de cada una de las 37 transacciones que se realizaron.
¿Quién recibió el dinero?
Una de las preguntas que se hace el abogado defensor, es la necesidad de establecer a quién se le entregó ese dinero, a qué institución, o si se encuentra en alguna de las bodegas del Ministerio Público.
Elvir mencionó cuatro retiros que se realizaron en 2019, cuando la exfiscal se encontraba incapacitada; por lo tanto, para la defensa es importante saber quién recibió ese dinero.
El profesional del derecho no quiso referirse a la existencia de una red criminal dentro del BCH o el Ministerio Público, pero señaló que la exfiscal respondía a órdenes superiores.
Se siguieron procedimientos
Sin embargo, las autoridades del Ministerio Público señalan al BCH por entregar este dinero “sin seguir los procedimientos” y pidieron las explicaciones necesarias, ya que la exfiscal no tenía las autorizaciones necesarias.
En respuesta, el BCH afirmó que, «conforme a la normativa interna establecida, devuelve los depósitos de garantía una vez que las fiscalías del MP los solicitan, suscribiendo un acta de entrega de valores debidamente firmada», citando el artículo 56 de la Ley del Banco Central de Honduras.
Acusación
La detención de la exfiscal Francia Medina, quien al principio del periodo investigado estaba asignada a la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (Fescco), ocurrió el 28 de noviembre en una residencia lujosa en Jardines del Valle, San Pedro Sula, Cortés, al norte de Honduras.
Según las investigaciones lideradas por la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), se descubrió que la fiscal Medina retiró los 88 millones de lempiras sin notificar a las autoridades de la Fiscalía en los últimos dos años.
A pesar de haber dejado la Fescco, la imputada siguió extrayendo fondos del BCH sin la debida autorización de sus superiores, según las investigaciones. El dinero sustraído era evidencia de diversas operaciones de lavado de activos que estaban siendo investigadas por dicha fiscalía.
El abogado Elvir detalla los delitos imputados a su clienta: lavado de activos; sustracción, destrucción, ocultamiento o inutilización de documentos en custodia; uso de información privilegiada; enriquecimiento ilícito y 37 delitos de falsificación de documentos. Solo por este último, la sentencia sumaría 148 años, de acuerdo con el profesional del derecho.
Asimismo, a Medina se le aseguraron cuatro bienes inmuebles, los cuales, según su abogado, buscarán demostrar que fueron adquiridos de forma lícita. «El MP tiene que investigar que ese dinero fue utilizado por nuestra representada para la adquisición de esos bienes (…), ella ha tenido una trayectoria; ella es fiscal de la unidad del crimen organizado, es decir, que ganaba una cantidad de dinero considerable, pues su puesto así lo requería».
La audiencia inicial del caso está programada para el domingo 3 de diciembre a las 9:00 a.m., mientras la fiscal cumple con detención judicial en la Penitenciaría Nacional Femenina Francisco Morazán (PNFAS), ubicada en la aldea Támara, Francisco Morazán.
El apoderado legal afirmó que «hasta tanto no se pruebe lo contrario, ella es inocente» y que, pese a contar solo con una vía hábil para recabar pruebas para la audiencia inicial, están listos para enfrentar las instancias necesarias para absolverla de responsabilidad.
