La Dirección de Servicio Civil autorizó unos 10,500 nombramientos irregulares de diciembre del 2021 a enero del 2022, más de ocho mil de estos cargos impactaron en el Presupuesto de la Secretaría de Salud.
La revelación ha sido dada a conocer por los miembros de la Junta Interventora de la Dirección de Servicio Civil, nombrada por la presidenta Xiomara Castro en febrero de este año.
Amable de Jesús Hernández, uno de los miembros interventores, indicó que más de 8 mil de dichos cargos otorgados impactaron en el presupuesto de la Secretaría de Salud con una sobrevaloración del 25%.
En ese sentido, detalló que entre los nombramientos hay médicos, enfermeras, pero también personal por activismo político en puestos que no eran necesario.
«No pudieron darle nombramiento en 12 años, sino que esperaron diciembre de 2021 y enero de 2022 para darlos y dejaron otros tantos en curso. Se manejó el Estado como si fuera una hacienda particular», manifestó.
Liquidación
El miembro del ente técnico indicó que es necesario terminar la operación de la dirección dentro del Gobierno central y crear una nueva institución desconcentrada que la sustituya.
Además, hacer un estudio de todos los empleados contratados.
«Nuestra óptica es que se eleve el rango de la Dirección General de Servicio Civil, que se saque del ministerio de la Presidencia y se convierta en un órgano desconcentrado (con dependencia de la Presidencia)», detalló.
«Además hemos ordenado una auditoría de todo el proceso de funcionalidad que ha tenido la Dirección General de Servicio Civil en cuanto a tema de nombramientos», externó.
En tal sentido, Hernández indicó que el informe con recomendaciones ya fue enviado a la presidenta Xiomara Castro, quien tendrá la última palabra sobre el futuro de la institución.
¿Por qué se intervino a Servicio Civil?
La mandataria Castro decidió este mecanismo tras un disturbio sucedido el 31 de enero de 2023 en las oficinas de la Dirección en el Centro Cívico Gubernamental.
El zafarrancho se adjudicó militantes del partido oficialista Libertad y Refundación (Libre), quienes exigieron la suspensión de despidos de activistas y la separación del director, Leonardo Bu, y de la subdirectora, Miroslava Cerpas, quienes fueron suspendidos.
El 9 de febrero la comisión integrada por Sergio Coello, Amable de Jesús Hernández y Leny Ordóñez, fue publicada en La Gaceta por un periodo de trabajo de seis meses prorrogables y con la tarea de presentar un informe final con recomendaciones para solventar la problemática.
