Los hilos oscuros que se mueven dentro del Poder Legislativo para evitar las extradiciones parten de los diputados que representan al Partido Nacional, que todavía respira tras un escandaloso final en las pasadas elecciones generales.
Después de 12 años en el Poder, los líderes de esta facción política concretaron negociaciones que les permitieron obtener jugosas ganancias en alianza con el entonces presidente Juan Orlando Hernández, que ahora enfrenta un juicio ante la justicia norteamericana.
El caudillo del nacionalismo creó un imperio narco que manejó la zona de occidente y peleaba territorios en otras partes del país, culminando envíos de droga utilizando los cuerpos de seguridad del Estado.
En esta nueva administración, los hondureños vieron con mucha esperanza la asunción al poder de la primera mujer en la historia de este país, caracterizado por el machismo y la ignorancia.
Petición expresa
Junto a este cambio, se eligió dentro del Congreso Nacional, como presidente al ingeniero Luis Redondo, quien pese a ser parte de una negociación de alianza entre el Partido Salvador de Honduras y el Partido Libertad y Refundación (Libre), era una petición expresa del gobierno de los Estados Unidos.
Esta solicitud tiene que ver con que el actual titular del Poder Legislativo cuenta con una carta muy importante, se le considera una persona honesta y bien intencionada, sin la picardía que caracteriza a los políticos de oficio que por bajo la mesa lo resuelven todo.
Los soplos del poder
Es por eso que tras los últimos soplos de poder del nacionalismo, que se niega a ratificar el acta de adhesión de Honduras al CAF, decreto que ya fue aprobado por la mayoría de los diputados, pretenden suspender momentáneamente la derogación de varios artículos que hasta ahora han favorecido la impunidad.
Al mismo tiempo, se paró la discusión de otras leyes importantes para la nación, como la Ley de Justicia Tributaria y la discusión de la elección de los nuevos titulares del Ministerio Público, cuya Junta Proponente se reúne a partir de esta semana.
Además, se requiere discutir la ampliación de la amnistía migratoria y otras importantes normativas que esperan dentro de la sociedad hondureña, pero que ahora, los nacionalistas se niegan a desatascar por miedo a que varios de sus miembros sean extraditados.
El problema no es la CAF
El problema no es la CAF, el problema tiene que ver con que varias personas dentro de la bancada opositora al gobierno tienen cuentas pendientes con la justicia norteamericana y están en la mira, sabiendo que ahora no hay quién los proteja.
Con la CAF los nacionalistas han iniciado una estrategia de distracción política, que les permite sentarse a la mesa a negociar, evitando así temas que no les convienen.
Es por eso que ahora se discute más sobre la legalidad o ilegalidad de enviar al Poder Ejecutivo el proyecto aprobado de la adhesión de Honduras a la CAF sin haber ratificado el acto, que de derogar los artículos que favorecen la impunidad.
Investigaciones en curso
Para zanjar todo esto, el presidente Luis Redondo reveló una investigación en curso sobre las irregularidades y de actas aprobadas en gobiernos anteriores, lo que para los nacionalistas era normal.
Redondo compareció ante los medios de comunicación y reiteró que seguirá cumpliendo fielmente con la Constitución de la República y la Ley Orgánica del Congreso Nacional.
En un comunicado leído, el titular del Poder Legislativo reiteró que varios decretos de períodos anteriores fueron votados en el pleno de diputados y se publicaron en el Diario Oficial La Gaceta sin la aprobación del acta de la sesión.
El comunicado reza de la siguiente manera:
Al pueblo hondureño en general se le comunica lo siguiente:
Que el Congreso Nacional, en una investigación, que se está realizando por un equipo de especialistas en varios de los registros de las administraciones anteriores, se ha encontrado lo siguiente:
1. Que varios decretos que fueron votados en el pleno de diputados se publicaron en el Diario Oficial La Gaceta sin la aprobación del acta de la sesión.
2. Que diversos decretos fueron enviados al Poder Ejecutivo en una fecha posterior a la fecha de su publicación en el Diario Oficial La Gaceta.
3. Que se encontraron varios decretos que fueron sancionados por el Poder Ejecutivo en una fecha posterior a su publicación en el Diario Oficial La Gaceta.
4. Que se ha podido constatar en los registros de este Poder del Estado la existencia de 30 Actas de Sesión del Pleno donde no se alcanzó los votos requeridos para su aprobación y aun así los decretos contenidos en dichas actas fueron enviados para sanción y publicación en el Diario Oficial La Gaceta.
5. Que varios decretos fueron publicados en el Diario Oficial La Gaceta antes de ser enviados al Poder Ejecutivo para su sanción.
6. Que ninguna Acta de Sesión literal (completa) o sucinta (resumida) del Congreso Nacional de los periodos anteriores a nuestra administración (2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018. 2019, 2020, 2021 y 2022 (enero)) fue firmada.
Asimismo hacemos saber que la investigación continuará su curso.
Este Poder del Estado debe cumplir con una Agenda de Proyectos de Decreto que no pueden dilatarse, entre ellos, decretos de justicia tributaria, amnistía migratoria, compensación económica al transporte urbano, decretos contra el lavado de activos y corrupción, medio ambiente y de seguridad de la población.
Actualmente nos encontramos estableciendo los consensos necesarios.
Por lo que estaré convocando a Sesión del Pleno del Congreso Nacional para el miércoles, 31 de mayo del 2023 a las 4:00 p.m.
Y ante la desinformación que circula, reiteramos que este Poder del Estado seguirá cumpliendo fielmente con La Constitución de la República y la Ley Orgánica del Congreso Nacional.
Uno de tantos casos
La vicepresidenta del Congreso y anterior presidenta de la Comisión Anticorrupción, Fátima Mena condenó y lamentó las acciones que se realizaron en las administraciones pasadas de Poder Legislativo.
Las palabras de la parlamentaria, que también formó parte del grupo parlamentario en apoyo a la Misión de Apoyo Contra la Impunidad en Honduras (Maccih), las efectúa tras el comunicado del presidente Luis Redondo, en donde da a conocer de una serie de irregularidades cometidas por las administraciones pasadas del Partido Nacional.
“De hecho, recuerdo muy un caso que judicializó la Maccih, el caso Fe de Errata, justamente por un indebido proceso legislativo para poder beneficiar, en ese caso, a personas implicadas en caso de corrupción”, ejemplificó Fátima Mena.