Cientos de militantes del partido Libertad y Refundación (Libre, de izquierda) marcharon en las calles de Tegucigalpa, capital de Honduras, en una movilización convocada en respuesta a una marcha que la sociedad civil organizó para este mismo martes, por lo que la tuvo que suspender.
La marcha oficialista se hizo para mostrar su apoyo a la adhesión del país a la Corporación Andina de Fomento (CAF), al proyecto de Ley de Justicia Tributaria y la instalación de lo que sería la Comisión Internacional contra la Impunidad (CICIH) con apoyo de la ONU.
La movilización la encabezó el expresidente Manuel Zelaya Rosales (enero 2006-junio 2009), mismo que hizo la convocatoria luego que sectores de la sociedad civil anunciaran, también para hoy, la marcha de las antorchas con fines de promover medidas anticorrupción, pero que fue cancelada por «estigmatizaciones» de Libre.
En el recorrido por las calles capitalinas, Zelaya indicó que la marcha de las antorchas es un proyecto de Libre, que, asegura, se formó para protestar en 2015 contra el latrocinio al Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS).
«Las antorchas son nuestras, nosotros la empezamos frente a la Casa Presidencial (usando candelas (velas) pidiendo la renuncia de Juan Orlando Hernández (expresidente 2014-2022) y después en el Seguro Social de La Granja, y cómo es que ahora van a ser de los que apoyaron el golpe de Estado y fraudes electorales», expresó Zelaya.
La marcha de hoy estuvo además acompañada de empleados públicos, como apoyo a la mandataria Xiomara Castro.
Respaldo a proyectos
El movimiento culminó en los bajos del Congreso Nacional, donde se unió el presidente de ese poder, Luis Redondo (del PSH), previo a iniciar la sesión legislativa que había convocado para este martes.
En otras declaraciones, Zelaya, también esposo y asesor de Xiomara Castro, dijo que la marcha es una forma del pueblo de mostrar su respaldo al futuro establecimiento de la CICIH, con apoyo de la ONU, una de las promesas de campaña de la gobernante del país, lo que ratificó cuando asumió el poder, el 27 de enero de 2022.
Además, para demandar la adhesión de Honduras al CAF luego de que el Parlamento hondureño no la ratificó la semana pasada, lo que había aprobado en mayo con 66 votos de los 128 diputados que integran el Legislativo.
De igual manera, para pedir al Legislativo la aprobación de la Ley de Justicia Tributaria con la que el Gobierno pretende eliminar las exoneraciones fiscales de las que gozan varias empresas del país.