La viceministra de Seguridad, Julissa Villanueva, entregó a la comisión especial del Congreso Nacional que investiga la gestión del exfiscal general del Ministerio Público, Óscar Chinchilla, expedientes de «casos de alto impacto» ligados a los exfuncionarios de la Fiscalía.
Durante una conferencia de prensa, la diputada Silvia Ayala, del partido Libertad y Refundación (Libre), explicó que se entrevistó a Julissa Villanueva referente a su gestión en Medicina Forense, una dependencia del Ministerio Público, y que entregó documentación referente a la gestión de los extitulares de la Fiscalía, Óscar Chinchilla y Daniel Sibrián.
«Se nos facilitó algunos casos que son muy delicados, por lo que vamos a mantener en resguardo la documentación, que va ser acompañada del informe que la comisión va presentar», expuso Ayala a medios nacionales.
De acuerdo a la parlamentaria, quien preside la comisión especial del Congreso Nacional, Villanueva facilitó copias de expedientes y una serie de documentos que pueden llevar a la investigación sobre hallazgos de responsabilidad o no de los extitulares del Ministerio Público.
«Algunos son expedientes de casos de alto impacto, es por eso que esta documentación no puede salir del Congreso Nacional», manifestó Ayala.
«Un dossier de pruebas»
De su parte, la viceministra de Seguridad, Julissa Villanueva, dijo que existe un dossier de pruebas documentales y testificales sobre la gestión de los exfiscales Óscar Chinchilla (general) y Daniel Sibrián (adjunto).
«Yo soy una de las testigos de lo ocurrido en el Ministerio Público como exfuncionaria, y hay una gran cantidad de documentos probatorios que, sin duda, cuando tengamos un nuevo Ministerio Público beligerante y abierto hacia lo que es asegurar la defensa de los hondureños en materia de investigación penal, vamos a poder generar un trabajo diferente», manifestó.
Agregaron que la prueba científica y testifical, significa que «no va haber impunidad». Además, explicaron que son alrededor de 10 a 12 casos que se han detallado, más otros que se han solicitado al correo institucional por parte de la comisión, entre ellos, los de las solicitudes de extradición.
«Se está investigando el apartado que tiene que ver con las actuaciones o falta de actuaciones del Ministerio Público en el tema del manejo e investigación de personas que posteriormente fueron extraditadas por vínculos con el narcotráfico», dijo Ayala.
Extraditables
Silvia Ayala además se refirió al dictamen de la comisión especial del Congreso Nacional, presidida por el diputado Ramón Barrios (de Libre), que investigó las solicitudes de extradición, indicando que la documentación está bajo resguardo del Congreso Nacional esperando que haya un Ministerio Público interesado en proceder contra estos casos.
«Desde la fecha en que se presentó el informe, hasta este momento, jamás el Ministerio Público solicitó la información para iniciar investigaciones de oficio, aún cuando se expuso que teníamos documentación con el sello de «acuse de recibo» del despacho del fiscal general, Óscar Chinchilla», manifestó Ayala.
Agregó que es «información bastante importante y sensible en materia que evidenciaba responsabilidad de algunas de las personas que tuvieron hasta hace poco altos cargos en el Ministerio Público».
A la fecha, Honduras ha extraditado alrededor de 37 personas, la mayoría a Estados Unidos, vinculados al narcotráfico.
El presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, anunció el pasado 3 de septiembre, el nombramiento de una comisión especial para investigue a los extitulares del Ministerio Público y su participación por acción u omisión en las investigaciones contra estructuras del crimen organizado.
El anuncio lo hizo Redondo en sus redes sociales, señalando que los exfiscales también deben ser investigados por delitos de «corrupción publico privada» y ONG utilizadas por partidos políticos, «receptación y lavado de activos, narcotráfico y terrorismo entre otros, en su condición de autores, cómplices o encubridores».
Chinchilla fuera de Honduras
El mismo 3 de septiembre trascendió que el exfiscal general, Óscar Chinchilla, quien ejerció durante dos períodos consecutivos de cinco años la titularidad del Ministerio Público, salpicados por denuncias de corrupción, viajó a Nicaragua, al parecer, para asumir como miembro de la Corte Centroamericana de Justicia (CCJ).
Chinchilla y Sibrián debieron ser sustituidos el pasado 1 de septiembre, lo que no ha ocurrido porque los 128 diputados que conforman el Parlamento hondureño no han logrado el consenso para elegir a los fiscales nuevos, para lo que se requiere de una mayoría calificada de 86 votos.
El partido Libre (en el poder), que solo suma 52 votos, necesita llegar a acuerdos con las principales bancadas de la oposición, que hasta ahora cuentan con 74.
El proceso de elección de los nuevos dos fiscales, para los que el Legislativo cuenta con cinco candidatos, podría continuar esta semana, luego de dos intentos fallidos entre el pasado 29 y el 31 de agosto.