El diputado de Libertad y Refundación (Libre), Jorge Cálix, pidió este jueves que se le suspenda el pago de su salario mientras el Congreso Nacional permanece «detenido y sin sesiones» debido a la falta de consenso para elegir al fiscal general y fiscal general adjunto del Ministerio Público.
«Considero que es un insulto a la realidad nacional que los diputados del Congreso reciban un salario sin llevar a cabo ninguna labor», expresó Cálix en una carta dirigida al departamento de Pagaduría del Congreso Nacional.
En su misiva, el congresista enfatizó su preocupación por el impacto económico de la inactividad legislativa en el pueblo hondureño.
«En consecuencia, le pido que suspenda mi sueldo y lo reanude una vez que volvamos a sesionar», agregó Cálix, subrayando que «la inactividad legislativa de este Congreso le cuesta dinero a nuestro pueblo».
Además, el diputado manifestó su indignación personal al afirmar: «Me parece un insulto que estemos cobrando, es un robo, siento que me aprovecho del pueblo hondureño, ese dinero podría servir para comprar medicinas u otros fines útiles para la comunidad».
Jorge Cálix hizo un llamado de atención a los demás 127 diputados propietarios y 128 suplentes.
«Es necesario que podamos entender que el único camino es el diálogo, que no podemos seguir enfrentados ni confrontados», subrayó el legislador.
Los diputados propietarios devengan un salario de L 90,892.42, aunque, a medida que ocupan cargos, el sueldo puede incrementar. Los jefes de bancada devengan L 110,862.00, mientras que los salarios de la Junta Directiva oscilan entre los L 97,833.33 y L151,911.00.
Parálisis en el CN
La parálisis legislativa en comenzó el pasado 31 de agosto debido a la falta de acuerdos y consensos para elegir al fiscal general y fiscal general adjunto para el período 2023-2028.
El Partido Liberal ha instado a la Junta Directiva a reanudar las sesiones de inmediato, mientras que el Partido Nacional y el Partido Salvador de Honduras (PSH) han anunciado su intención de convocar sesiones extraordinarias, para lo cual se requieren 65 votos favorables dentro del Congreso Nacional.
A pesar de la falta de consenso para elegir a las nuevas autoridades del Ministerio Público, Daniel Sibrián, quien ocupaba el cargo de fiscal general adjunto, ejerce interinamente como fiscal general desde el 1 de septiembre, tras la vacancia definitiva de Óscar Chinchilla y una resolución de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia.