Honduras anunció el «desarme real» de los presos y el bloqueo de señales telefónicas, entre otras acciones, para pacificar las cárceles, después de que hace unas semanas se desataran reyertas a tiros en cuatro penales.
La viceministra de Seguridad, Julissa Villanueva, nombrada por la presidenta Xiomara Castro para «intervenir» las prisiones, anunció que una de las medidas será el «desarme real a través de registros manuales y electrónicos permanentes en el 100% de las instalaciones».
También «el bloqueo total de la señal telefónica para los detenidos e intervención autorizada [por jueces] de las líneas oficiales para el registro de las comunicaciones», agregó.
Según las autoridades, cabecillas del crimen organizado ordenan extorsiones, secuestros, sicariato, operaciones con drogas y otros delitos.
La semana pasada Castro asignó a Villanueva la tarea de elaborar un plan para «desmontar las estructura criminales» que ejercen control en las prisiones, un día después de que choques, en forma simultánea, entre reos dejaran un muerto y siete heridos.
Los enfrentamientos entre miembros de las temidas pandillas Barrio 18 y Mara Salvatrucha ocurrieron en las cárceles de Támara, 10 km al norte de la capital, El Porvenir (centro), Santa Bárbara (noroeste) y Morocelí (este).
«No voy a confrontar a ningún privado de libertad, voy a confrontar la corrupción» de las autoridades, sentenció.
«Las cárceles, especialmente durante la última década, han sido un refugio y una escuela del crimen para extorsionar, ejecutar masacres, traficar con drogas y armas», expone el plan «Solución contra el Crimen (SCC) Sistema Penitenciario», anunciado por la viceministra.
Otra de las medidas es la «remoción y depuración del personal penitenciario y de los policías de todas las cárceles» para combatir la corrupción, agregó Villanueva.
«Aunque los reos escondan las armas las vamos a encontrar con tecnología», sentenció la funcionaria.
Indicó que en las 26 cárceles hay 19.963 internos, algunos con hacinamiento porque la capacidad global es de unos 15.000.
Honduras se propone reubicar a reclusos de las cuatro prisiones con mayor población, las mismas donde ocurrieron los enfrentamientos, y reclasificar a los reos vinculados a «la criminalidad organizada, maras y pandillas, tráfico de drogas y armas».
