Grupos paramilitares amenazan a defensores de la tierra en el Bajo Aguán en complicidad con estructuras del gobierno y empresarios.
Entre el repudio y la consternación fueron sepultados los restos de los dos defensores del medio ambiente Aly Domínguez y Jairo Bonilla en Tocoa, Colón.
Por su parte, Aly Domínguez era hermano del también defensor Reynaldo Domínguez.
El y otras 32 personas fueron criminalizadas por la empresa minera Inversiones Los Pinares del Grupo Emco Holding.
Los dos defensores del Parque Nacional Montaña de Botaderos, Carlos Escaleras, y los ríos Guapinol y San Pedro, fueron asesinados en la aldea La Concepción en Tocoa, Colón.
Durante una entrevista concedida al programa En La Plaza. El abogado del bufete de Estudios para la Dignidad, Víctor Fernández criticó duramente la complicidad del gobierno.
E indicó la existencia de grupos de sicarios para militares. Estos amenazan a los miembros de las organizaciones campesinas que quieren reivindicar su derecho a la tierra.
Fernández acusó a los empresarios que han instalado una «maquinaria de violencia» en la zona del Bajo Aguán. «Ellos lideran una disputa en contra de los derechos que reivindica al sector organizado del Aguán».
El abogado consideró que existe un proyecto de asesinato de varios liderazgos que incluyen defensores de los derechos humanos y de la tierra.
Fernández fue más allá al indicar que se identifican a los sectores empresariales y ahora de la industria minera detrás de esto.
«En ese plan estarían involucrados actores estatales como la Policía, cuyos miembros participan en labores de hostilidad en contra de los defensores de la tierra.
«Es condenable que no tengamos una acción determinante. Esto lo hemos puesto en conocimiento del Ministerio de Seguridad y hemos librado cartas a varias instituciones», mencionó.
Reiteró que no hay una acción coherente para la protección de la vida de las personas en general y de los defensores en particular.
Los actores económicos tienen nombre -acusó-. Son las empresas agroindustriales y mineras. Hay sicarios en vínculo con estructuras de seguridad.
Lamentó que siendo la zona del Aguán la más militarizada de este país, se monten retenes en todos lados.
«Hemos denunciado que en determinados horarios hay retenes de grupos irregulares de la zona. No hay una acción del Estado para contrarrestar a estos grupos criminales», dijo.
Indicó: «nosotros esperamos que frente a eventos como estos se tenga la beligerancia necesaria. Para implementar el mecanismo que proteje a los defensores de los derechos humanos».
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