Una delegación del gobierno socializó la Ley de Justicia Tributaria con los representantes del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep).
El director ejecutivo de SAR, Marlon Ochoa, indicó que la nueva Ley de Justicia Tributaria tiene tres objetivos.
En primer lugar, según Ochoa, la pretendida reforma tributaria busca detener los abusos en los regímenes de las exoneraciones fiscales.
En segundo lugar, detalló que el Gobierno de la presidenta Xiomara Castro pretende sin crear más impuestos, lograr que el que más gane, más pague, es decir, una «justicia tributaria».
Y por último, manifestó que con la Ley de Justicia Tributaria el Ejecutivo busca profundizar en la transparencia fiscal.
Asimismo, permitir al Servicio de Administración de Rentas acceder al secreto bancario para las grandes empresas y evitar que Honduras sea declarada como «paraíso fiscal».
«Para hacer esto es necesario revertir el esquema de privilegio y abusos que se dieron durante los 12 años y medio de la dictadura, en donde se crearon seis regímenes de exoneraciones, en donde se ampliaron los beneficios fiscales a diversas empresas», indicó Ochoa.
Cohep analizará propuesta
Por su parte, el presidente del Cohep, Mateo Yibrín, dijo que como empresa privada analizarán la propuesta y en los próximos días enviarán sus observaciones.
De igual forma, agradeció la disposición del Gobierno por socializar con el sector empresarial el proyecto de Ley de Justicia Tributaria, el cual remitirán a todos sus gremiales para que puedan estudiar los impactos y beneficios del mismo.
«Lo que más nos ocupa a nosotros es cómo podemos trabajar juntos con el Gobierno para crear un país con un clima de inversión que ofrezca más salarios dignos –formales- a los hondureños», expresó Yibrín.
Estimó que solo el 16 % de la población hondureña económicamente activa tiene salarios dignos como el mínimo, los que pagan el treceavo, catorceavo y seguridad social.
Finalmente, el titular del Cohep agregó que «con la responsabilidad que merece este proyecto de ley lo vamos a analizar profundamente y trasladaremos a la brevedad posible al Gobierno y el Congreso Nacional nuestras observaciones».
La misión del gobierno estuvo encabezada por el secretario privado, Héctor Manuel Zelaya; el titular del Servicio de Administración de Rentas (SAR), Marlon Ochoa; y el ministro de Desarrollo Económico (SDE), Pedro Barquero.
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