La Fiscalía emplaza varios empresarios y exfuncionarios de San Pedro Sula por la ejecución ilegal de la ciudad habitacional Jaraguá.
El Ministerio Público presentó requerimiento fiscal con órden de captura en contra de nueve personas, por la ejecución ilegal del proyecto habitacional Ciudad Jaraguá.
Entre las personas emplazadas se encuentran exfuncionarios de la municipalidad de San Pedro Sula y empresarios de esa ciudad.
Los requerimientos se presentaron en contra de las siguientes personas:
César Octavio Elvir Prieto, representante legal y presidente del Consejo de Administración de la Sociedad Mercantil MPG, S.A. de C.V. y Antonio José Oviedo Prieto.
A ellos dos se les supone responsables por el delito de corte ilegal de producto forestal, daños en su modalidad de agravados.
Además de urbanización ilegal en perjuicio del equilibrio de los ecosistemas, medio ambiente del Estado de Honduras, del orden territorial.
Asimismo contra José Luis Gutiérrez Hermosilla, representante legal de la empresa constructora «Desarrollos urbanos Gutiérrez D.U.G», a título de autor del delito de urbanización ilegal.
Exfuncionarios municipales implicados
El requerimiento es contra Wilfredo Umanzor Sabillón, representante legal; Yesera Umanzor, comerciante Individual, a título como autor del delito de uso ilegal de explosivos.
De igual manera, contra los exfuncionarios municipales de San Pedro Sula Alexander Fajardo Escalante, Martín Ramón Galo Roldán y Santos Turcios García.
También, Fausto Daniel Bográn Cárcamo, por suponerlos responsables de tres delitos de violación de los deberes de los funcionarios en perjuicio de la administración pública.
El requerimiento fiscal con orden de captura también es contra Cristy Raudales Barahona, ex gerente general de la División Municipal Ambiental de San Pedro Sula.
A ella se le supone responsable de tres delitos de abuso de autoridad a título de autor, en perjuicio de la administración pública.
Ciudad Jaraguá
De acuerdo con las investigaciones hechas por el Ministerio Público, este proyecto, ubicado entre Armenta y El Zapotal, inició con el corte de productos forestales.
Además de la apertura de calles, que causó daños y perjuicios al medioambiente, principalmente a las fuentes de agua, flora y fauna de El Merendón.
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