El director del Servicio de Administración de Rentas (SAR), Marlon Ochoa, se presentó este miércoles ante el Ministerio Público para interponer denuncias y presentar evidencias que, según expresó, sustentan su acusación contra una cúpula empresarial involucrada en supuestos actos de corrupción.
Ochoa y otros funcionarios del Gobierno respondieron a un emplazamiento del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), que los instó a demostrar con pruebas sus afirmaciones sobre las vinculaciones de esa gremial con el narcotráfico y el crimen organizado.
Sin embargo, Ochoa no proporcionó pruebas concretas sobre ese específico y se limitó a mencionar que el Cohep respaldó a un presidente actualmente enjuiciado en Estados Unidos por narcotráfico, haciendo referencia a Juan Orlando Hernández (2014-2022), quien enfrenta cargos por tráfico de drogas y armas en un tribunal de Nueva York.
A pesar de la falta de detalles en sus declaraciones, Ochoa afirmó que las evidencias presentadas contra los empresarios incluyen más de 16,000 páginas de documentos, como declaraciones de impuestos, resoluciones de exoneraciones, expedientes administrativos y otros registros relacionados, entre otros documentos.
¿En qué consisten las cuatro denuncias?
El director del SAR sí presentó cuatro denuncias sobre casos aislados en los que supuestamente se vieron involucrados empresarios y dos poderes del Estado, el Ejecutivo y el Legislativo entre 2010 y 2022.
La primera denuncia se refiere a que, al amparo de un régimen que tiene por objetivo la atracción de turistas al país, se efectuó la importación de un helicóptero sin el pago de impuestos, utilizado para transportar a la familia dueña de una empresa y sus amistades.
La segunda denuncia involucra a un grupo económico que obtuvo exoneraciones fiscales de forma irregular, para lo cual, según la denuncia, «utilizó su influencia y conexiones tanto con el Congreso Nacional como con un exsecretario de la Secretaría de Desarrollo Económico para lograr de forma corrupta la aprobación de tres decretos y de una resolución con el fin de trasladar ilegalmente los beneficios de una empresa en zona Libre (ZOL) a otras en el Régimen de Importación Temporal (RIT) para evitar el pago de todos los impuestos».
La tercera denuncia gira en torno a una multinacional que logró modificaciones fiscales a su favor. Para ello, dice la denuncia, «utilizó su influencia política para gestionar un decreto en el Congreso Nacional que, mediante una interpretación del Código Tributario y de forma retroactiva, eliminó el ajuste derivado de una auditoría tributaria, el cual se estimó en más de 500 millones de lempiras».
Mientras que la cuarta denuncia señala a un empresario y exdiputado que promovió beneficios fiscales para sus empresas. «Incurrió en diversos delitos al promover, en un claro caso de conflicto de intereses, un decreto con beneficios fiscales para sus empresas en el régimen de Zona Libre Turística de Islas de la Bahía (ZOLITUR), por más de 450 millones de lempiras», señaló el SAR en su denuncia.
‘Es un show’
A pesar de lo anterior, la denuncia presentada por el titular del SAR, Marlon Ochoa, sobre presuntos vínculos del empresariado con el narcotráfico, ha sido calificada como un «show» por la iniciativa privada en Honduras.
El gerente de Asesoría Legal del Cohep, Gustavo Solórzano, criticó la falta de pruebas sólidas en la denuncia y la consideró como parte de las declaraciones irresponsables de algunos funcionarios del gobierno actual.
Solórzano señaló que las denuncias presentadas por Ochoa no tienen relación con el narcotráfico ni con el Cohep, y más bien se refieren a «asuntos relacionados con el Congreso Nacional y cuestiones administrativas».
Además, destacó que Ochoa no fundamentó adecuadamente los supuestos vínculos del Cohep con el narcotráfico.
Por su lado, el expresidente del Cohep, Eduardo Facussé, aseguró que «lo que han hecho algunos empresarios no tiene nada que ver con la denuncia que él (Marlon Ochoa) hizo inicialmente contra el Cohep».
«Aquí no estamos nosotros amparando delincuentes, secuestradores, tampoco narcotraficantes. El Cohep es una entidad seria y el Gobierno también debe serlo», expresó Facussé.