El «pacto de impunidad» si sirvió a muchos en Honduras

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Unas 50 personas acusadas de lavado de activos y corrupción han sido beneficiadas por el "pacto de impunidad", derogados por el CN.

Unas 50 personas acusadas de lavado de activos y corrupción han sido beneficiadas por el «pacto de impunidad», derogados por el Congreso Nacional.

Cosas de políticos dirían unos, pero los decretos que permitían la impunidad y la corrupción que fueron aprobados en la administración anterior, beneficiaron a más de 50 personas, de acuerdo con expertos.

El Congreso Nacional derogó el decreto 57-2020 que obligaba al Ministerio Público a pedir autorización para secuestrar documentación de personas relacionada a casos de corrupción.

Esto si es un avance, porque también incluye el 93-2021, que incluye varias reformas al Código Penal y a la Ley del Lavado de Activos.

Pero esto no es todo, los analistas piden también que se derogue el 116-2019, conocido como «fondo departamental», mismo que blinda a diputados y funcionarios de ser acusados por mal manejo de fondos público.

«Uno es aquello que tiene que ver con el fondo departamental, en primer lugar. Otro tiene que ver con el análisis del artículo 4-A de la llamada ley de amnistía, que es fundamental que también se toque, y luego también otras normas que son necesarias, como la Ley de Colaboración Eficaz, que son fundamentales para la lucha contra la corrupción en el país», manifestó el defensor de derechos humanos, Joaquín Mejía.

También queda pendiente el decreto 4-2022 relacionado a la amnistía política aprobada por la actual administración.

El decreto 4-2022 denominado «Ley para la reconstrucción del estado constitucional de derecho y para que los hechos no se repitan», absuelve de delitos penales a exfuncionarios del Gobierno de Manuel «Mel» Zelaya (2006-2009) por presunta persecución política.

«Esto sospechamos de que obedece a la visita de la misión de la ONU para la instalación de la CICIH porque lógicamente esto constituye un obstáculo en la investigación criminal y también en los requerimientos fiscales que se pueden producir a futuro», explicó el abogado constitucionalista Juan Carlos Barrientos.

«Lo que vemos con extrañeza es de que no hagan nada en cuanto al tema de la amnistía, porque esta amnistía también ha sido llamada por muchos sectores como la amnistía de la impunidad y sobre ella no han hecho absolutamente nada», agregó Barrientos.


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