Nicolás Petro, hijo del presidente colombiano, está siendo investigado oficialmente después de que su exmujer le acusase de cobrar sobornos.
La Procuraduría de Colombia, el órgano que se encarga de las tareas propias de la Fiscalía en los casos relacionados con políticos y funcionarios del país, está investigando oficialmente a Nicolás Petro, hijo mayor del presidente, Gustavo Petro.
Fue el propio Petro el que solicitó la intervención de la Procuraduría, al aparecer informaciones en las que se afirmaba que tanto su hijo como su hermano, Juan Fernando Petro Urrego, habrían cobrado sobornos para incluir a un narcotraficante en los beneficios de los procesos de paz con las distintas guerrillas terroristas que ha lanzado el presidente colombiano.
La procuradora general, Margarita Cabello, aseguró este viernes que en el caso del hijo de Petro abrió la investigación en cuanto se supo de la solicitud del presidente, ya que Nicolás Petro es un «servidor público», pues fue elegido diputado en la Asamblea de uno de los departamentos del país.
Por su parte, Nicolás Petro ha emitido un comunicado en el que asegura que es inocente y se pone a disposición de la Procuraduría: «Ni antes, ni durante, ni posterior a la campaña presidencial he estado vinculado con lo relacionado a ‘paz total’. No me he reunido, ni he recibido ningún tipo de favor político, personal o económico de ningún personaje cuestionable», ha asegurado.
Acusado por su exmujer
Nicolás Petro ha sido acusado por su exmujer Daysuris Vásquez, que en una entrevista en una revista afirmó que el hijo del presidente había recibido dinero de un narcotraficante, Samuel Santander, alias ‘El hombre Marlboro’, y también de un empresario, Alfonso Hilsaca, que también ha negado esta acusación.
Petro hijo, por su parte, ha dicho que se trata de «personas a las que no conozco, con las cuales no he tenido tratos, ni he recibido ningún tipo de apoyo ni directa, ni indirectamente».
El escándalo se ha destapado al mismo tiempo que se ha conocido también que un grupo de abogados está cobrando hasta un millón de dólares a delincuentes para que los incluyan en estos procesos de paz.
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