El gobierno de Estados Unidos anunció que restringirá las visas de “ciertos hondureños” por las recientes “acciones violentas antidemocráticas” en el país, y que tienen relación con la elección interna del Fiscal General y su Adjunto.
“Varias de estas personas llevaron a cabo actos de violencia e intimidación, y otras fomentaron el conflicto entre el pueblo hondureño al llamar a grupos violentos a movilizarse, lo que resultó en agresiones físicas y actos de intimidación, algunos de los cuales resultaron en lesiones”, señaló el gobierno de Joe Biden en una nota de prensa.
Con lo anterior, el gobierno de Estados Unidos, a través del Departamento de Estado, confirmó que inició el proceso de aplicar medidas y restricciones de visa a hondureños por acciones que “violentan y socavan la democracia”.
El vocero Matthew Miller, a través de una nota de prensa, publicó que, “EEUU condena el reciente uso de la violencia en Honduras para socavar la democracia y permitir el nombramiento irregular y sin precedentes de un Fiscal General interino y un Fiscal General Adjunto interino.
“Hoy, estamos tomando medidas para imponer restricciones de visa a ciertas personas según la Sección 212(a)(3)(C) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad”, precisa la comunicación oficial.
Para el gobierno norteamericano los recientes acontecimientos en Honduras son “acciones antidemocráticas” que “socavan las instituciones de Honduras y son inconsistentes con los principios básicos de la Carta Democrática Interamericana, que Honduras firmó como miembro de la Organización de los Estados Americanos en septiembre de 2001”.
“Nos sumamos al llamado de la comunidad internacional a favor del orden regular para restaurarse por medios pacíficos, transparentes y democráticos. Estados Unidos apoya al pueblo hondureño y a quienes buscan fortalecer la democracia y el estado de derecho en Honduras, y seguimos comprometidos a promover la rendición de cuentas de quienes lo socavan”, aseguró el gobierno de EEUU.
El pasado 31 de octubre, el Congreso Nacional se convirtió en una batalla campal con diputados de la oposición “secuestrados” por el oficialismo y agredidos física y verbalmente por los colectivos del Partido Libertad y Refundación (Libre), lo que terminó en una severa agresión contra el congresista Antonio Rivera Callejas.
En consecuencia y ante todos los cuestionamientos, el presidente del Congreso, Luis Redondo, en una reunión con la Junta Directiva desarrollada simultáneamente con la sesión extraordinaria de la oposición, nombró una Comisión Permanente para el receso en el Legislativo.
Esta misma Comisión Permanente de nueve diputados (la mayoría de Libre) nombró de manera “interina” a los actuales Fiscal General y Adjunto del Ministerio Público, lo que agudizó aún más la todavía crisis en el Legislativo.