El subsecretario de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de Estados Unidos, Brian A. Nichols, se pronunció sobre una manifestación en Choluteca, zona sur de Honduras, en contra del proyecto de la Ley de Reforma Tributaria, y que el Gobierno ordenó investigar con el fin de deducir responsabilidades penales.
«Estamos siguiendo las reacciones a la protesta en Choluteca, Honduras. El derecho de reunión pacífica y el derecho a expresar las propias opiniones son fundamentales para la democracia y deben promoverse y protegerse», escribió Brian A. Nichols, en Twitter.
El 9 de mayo de 2023 trabajadores de empresas productoras de melón, ocra y camarones, así como autoridades y pobladores de Choluteca salieron a manifestarse en contra de la reforma tributaria que impulsa el Gobierno a través del Servicio de Administración de Rentas (SAR).
Al día siguiente de la protesta, la presidenta Xiomara Castro convocó a una reunión del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad (CNDS) y pidió identificar, investigar y deducir responsabilidades a promotores u organizadores de la movilización.
«Este Consejo -de Defensa y Seguridad- ordena la investigación exhaustiva de los hechos acaecidos en la ciudad de Choluteca el 9 de mayo de 2023, cuando empresas privadas y organizaciones políticas dieron instrucciones y financiaron a sus empleados y seguidores para movilizarse en contra del proyecto de Ley de Justicia Tributaria para impedir que esta ley sea discutida y aprobada», manifestó Castro.
Según Castro, las manifestaciones en contra de la pretendida reforma tributaria son parte de acciones «manipuladas y financiadas» por grupos y personas que «pretenden utilizar» a la población para «mantener sus privilegios y evitar rendir cuentas».
Al respecto, las autoridades edilicias y empresarios de la zona sur salieron al paso de las declaraciones de la presidenta y aseguraron que no han financiado manifestaciones.
Oposición a reforma tributaria
El sector privado de Honduras se opone a la Ley de Justicia Tributaria porque -asegura- ahuyentará la inversión nacional y extranjera, ya que la iniciativa contempla, entre otras medidas, eliminar 14 de 16 regímenes de exoneraciones fiscales.
Los incentivos fiscales son necesarios para atraer capital y generar empleo y desarrollo para Honduras, ha reiterado el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep).
Según estimaciones del Cohep, más de 5 mil empleos directos están en peligro si el Congreso Nacional aprueba la Ley de Justicia Tributaria.
Introducción del proyecto
El proyecto está en socialización por parte de una comisión de dictamen con diferentes sectores del país, previo su presentación en el seno del Congreso para su discusión y aprobación.
Para ser aprobada, la ley requerirá del apoyo de 65 de 128 diputados, de los que 50 son del partido Libre, en el poder, el cual deberá buscar consensos con el resto de legisladores: 44 del Partido Nacional, 22 del Partido Liberal y 10 del Partido Salvador de Honduras (PSH).