El presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo convocó a una sesión extraordinaria para este jueves, debido a que todavía no hay consensos en cuanto a la aprobación del acta anterior que contiene el convenio de adhesión de Honduras a la Corporación Andina de Fomento (CAF).
La decisión ha sido dada a conocer por medio de un mensaje en la cuenta de twitter del titular del Poder Legislativo, tras largas negociaciones entre bancadas y no lograr acuerdos.
Según el diputado por el Partido Libertad y Refundación (Libre), Jari Dixon, que el período para las sesiones ordinarias en la cámara legislativa finalizó este miércoles, ya que a partir del primero de junio se inicia un receso, pero se ha convocado a una sesión a las 2:00 de la tarde y esta tiene carácter extraordinario.
Dixon mencionó que si se puede realizar una sesión extraordinaria solamente para temas específicos; pese a esto, la facción del Partido Nacional asegura que es ilegal esta convocatoria.
El argumento de los opositores está basados en el artículo 207 constitucional y en el artículo 25 y 26 de la Ley Orgánica del Congreso Nacional que establecen que la Comisión Permanente se formará en período de receso y en el momento de la convocatoria no habían entrado al período de descanso.
En esa misma línea opina el diputado por el Partido Liberal, Marlon Lara, quien menciona que se debe cerrar el ciclo de sesiones ordinarias con la aprobación de la agenda de la última sesión.
De acuerdo con el también congresista del ala liberal, se mantiene una firmeza dentro de su institución política de no ratificar la adhesión de Honduras a la CAF porque se conocen desde ya los pro y los contras de ese decreto.
En tanto, en la agenda de este día se contempla la presentación de un decreto en el que se instruye a la Secretaría de Finanzas que incorpore en el presupuesto del Registro Nacional de las Personas (RNP), la cantidad de 100 millones de lempiras para garantizar la ejecución de la reestructuración de esa institución.
Además se espera discutir los decretos que contemplan la amnistía migratoria, la compensación económica para el pago de subsidio a transportistas, varios préstamos con organismos multilaterales de crédito, contratos de la Alcaldía Municipal y la derogatoria del decreto 57-2020 y 93-2021 que tienen que ver con la Ley de Lavado de Activos.