Rivera se agregó que esto sucedía durante el tiempo de la dictadura del expresidente Juan Orlando Hernández.
El diputado de Choluteca por el partido Libertad y Refundación (LIBRE), Mauricio Rivera reveló, a través de sus plataformas digitales, que miembros de las maras atendían las llamadas al servicio de emergencia del 911, durante el gobierno del extraditado Juan Orlando Hernández.
El Sistema Nacional de Emergencias del 911 interrumpió su servicio desde el 2 de septiembre de 2022, debido a una decisión unilateral del integrador (intermediario) al negarse a una nueva negociación para reducir los costos elevados.
En ese sentido, a pesar de una inversión inicial de más de 100 millones de dólares del bolsillo de los hondureños, el 911 sigue en control del integrador.
Pese a haber suscrito un nuevo contrato que presenta vicios de nulidad por 150 millones de dólares y un cobro mensual de 1.8 millones de dólares por el soporte y mantenimiento de la red.
Tomando en cuenta que esta es rentada a un servidor primario, en otras palabras, el integrador es un intermediario de este servicio.
Rivera se agregó que esto sucedía durante el tiempo de la dictadura del expresidente Juan Orlando Hernández.
“Recordemos que durante el tiempo de la dictadura, antisociales, integrantes de las diferentes maras, especialmente de la pandilla 18, atendían las llamadas telefónicas de los ciudadanos”, dijo el diputado.
Asimismo, agregó que los hondureños que denunciaban secuestros, extorciones, actos criminales, se colocaban en una situación vulnerable.
“Por lo tanto es importante escuchar la exigencia de un pueblo, que exige que el 911 se reactive y que sea conducido por la Policía Nacional que detectó, esta barbarie durante los tiempos de la dictadura de Juan Orlando Hernández”.
Por otro lado, la directora del Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (OV-UNAH), Migdonia Ayestas, dijo que el gobierno está en la obligación de activar a la brevedad del caso, el sistema de cámaras de vigilancia del 911 ante el incremento en la criminalidad.
Para Ayestas, el hecho de tener apagadas las cámaras del sistema 911 representa un enorme retroceso en la lucha contra el crimen, porque vuelve ciega la persecución contra quienes cometen ilícitos o excesos en las calles de las principales ciudades del país.
Además, el criminólogo Gonzalo Sánchez expresó que, el que no funcionen estas cámaras, es un punto a favor del crimen organizado, ya que, en materia penal, estas son buenas herramientas como evidencia en los tribunales de justicia de los hechos que cometen grupos delictivos.
Ante este contexto el experto recomendó a las autoridades de Honduras ampliar al menos seis meses más el estado de excepción y activar las cámaras de vigilancia para que sean una prueba irrefutable en los tribunales.
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