Propietarios de tierras de la zona noroccidental del país, han alzado su voz contra la Comisión de Seguridad Agraria y Acceso a la Tierra, creada con el objetivo de abordar la creciente crisis de invasiones de terrenos.
Según alegan, la comisión ha demostrado ser ineficaz en la resolución de la problemática.
La magnitud de esta cuestión ha llegado a tal punto que, en palabras de Ramiro Medina, representante legal de los denunciantes, «hoy en día están invadiendo las tierras de un modesto productor que, con enormes sacrificios, ha logrado cultivar 5 manzanas; y estas están siendo arrebatadas».
La delicada situación de las tierras invadidas en la zona noroccidental se agrava con cada día que pasa. Muchos propietarios han optado por vender sus parcelas a terceros, quienes, a su vez, están destinando estos espacios a fines distintos a la agricultura.
El abogado lamenta que «el problema de las invasiones de tierras cultivadas con palma africana persiste en nuestro país. Parece que no existe la voluntad política ni la aplicación adecuada de la ley para resolver esta situación».
Las tierras más afectadas por estas invasiones se encuentran en la zona noroccidental. La problemática también afecta en gran medida al departamento de Cortés, donde unas 40,000 hectáreas de palma africana de calidad están en juego, lo que se traduce en pérdidas económicas diarias considerables.
El gobierno de la República tomó medidas el pasado 6 de julio al establecer la Comisión de Seguridad Agraria y Acceso a la Tierra en el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad (CNDS). Sin embargo, los propietarios no dudan en catalogar a esta comisión como un «fracaso», ya que consideran que no aporta ninguna solución concreta para la problemática que afecta a varias zonas del país.
Según Ramiro Medina, «los dueños de tierras ya no pueden soportar más esta situación. Las personas se apoderan de propiedades y zonas productivas de manera legal. En la mayoría de los casos, el Gobierno no toma medidas efectivas para detener estos actos».
El abogado propone que el delito de robo de propiedad debería ser categorizado como un «robo agravado», en lugar de ser considerado simplemente como una invasión o usurpación de tierra.