La abogada del expresidente Juan Orlando Hernández calificó las restricciones durante el juicio como “inaceptables”, porque no se trata de información protegida ni de alta seguridad.
Sabrina Shroff se quejó por la imposición de restricciones tardías para conocer la información clasificada que tiene la Fiscalía del Distrito Sur de New York.
Con una carta, Shroff expuso al juez Kevin Castel y al Tribunal “sobre ciertas posiciones” adoptadas por los accionistas de la información clasificada en el caso del expresidente Juan Orlando Hernández.
“El documento recoge información no autorizada del abogado derivada de sus conversaciones con Juan Orlando Hernández”, explicó.
En el documento señala que el expresidente Hernández, derivó su información de fuentes que nunca le hicieron mantener de cerca la información que recibió como resultado de su cargo como presidente del Congreso Nacional (2010-2014) y presidente de Honduras (2014-2022).
“En resumen, la información contenida en el documento fue compartida libremente con y por el señor Hernández durante años; tanto, antes de ser detenido como luego con cualquier persona con quien él decidiera compartirla en el Centro de Detención Metropolitano”, indicó.
Además, Shroff acusa a la Fiscalía después de recibir y revisar la información clasificada, negarse a otorgar a los abogados autorizados la necesidad de conocer y acceder al documento.
“En cambio, los mismos accionistas que aún tienen que desclasificar documentos de diciembre de 2023, a pesar de conocer la fecha del juicio en febrero (2024), sostienen que los abogados defensores autorizados solo se les debe permitir trabajar con el documento en presencia CISO”.
Shroff consideró las “restricciones inaceptables”, pues según ella, no se trata de información protegida ni de alta seguridad.
Igual, alegó en la carta que no se puede restringir el uso de esa información porque el expresidente Hernández nunca fue empleado de las agencias de seguridad de los Estados Unidos y no tiene las mismas restricciones.
La información nunca fue protegida ni considerada de alta seguridad anteriormente y que no puede el fiscal cambiar la clasificación ahora, hacerlo es negarle el acceso adecuado al proceso. Esto plantea preocupaciones sobre el derecho del acusado a una defensa completa y adecuada, puntualizó.
