La defensa del expresidente Juan Orlando Hernández podrá examinar parte de la información clasificada por la Fiscalía de Nueva York en el caso se sigue en contra del exmandatario hondureño.
Hernández, quien presidió el Poder Ejecutivo en Honduras durante el período comprendido entre el 2014-2022), es acusado por el gobierno estadounidense de conspirar para importar cocaína a ese país.
Además, se le acusa de portar armas y dispositivos destructivos durante sus acciones delictivas y promover la importación de cocaína a Estados Unidos.
En estos tres casos, la sentencia mínima que enfrentaría el expresidente hondureño son 40 años, pero podría enfrentar una cadena perpetua, lo que supondría que de salir a los 95 años si se le condena con la sentencia mínima.
El expresidente de Honduras fue requerido por las autoridades de Estados Unidos el 27 de enero del 2022, cuando finalizó su mandato. El 15 de febrero de 2022, a Hernández lo arrestaron.
Posteriormente, las autoridades de Estados Unidos presentaron una solicitud formal de extradición, la que concedió el juez de primera instancia de Honduras. Hernández apeló la decisión de extradición ante la Corte Suprema de Justicia de Honduras.
El 28 de marzo, el juez natural rechazó su apelación. El 6 de abril de 2022, el Tribunal Ad Hoc de la Sala Constitucional del Poder Judicial de Honduras determinó que la apelación final de Hernández era inadmisible.
El 13 de abril, el gobierno de Honduras certificó la finalización de los procedimientos de extradición de conformidad con las órdenes judiciales anteriores, lo que resultó en la entrega de Hernández a los Estados Unidos el 21 de abril de 2022.
Por su lado, los abogados defensores del expresidente de Honduras han insistido en revisar las pruebas en contra de su cliente por parte de la Fiscalía de Nueva York.
Extremo que no había sido autorizado por el juez Kevin Castell, que es quien dirige el juicio que se le iniciará a Hernández el 5 de febrero del próximo año.
El mismo se llevará a cabo de manera conjunta, además de Hernández, contra, Juan Carlos Bonilla Valladares, exdirector de la Policía Nacional, y Mauricio Hernández Pineda, exoficial de la Policía, también acusados por procesados por tráfico de drogas.