Los miembros de la Comisión de Dictamen de la Ley de Justicia Tributaria se reunieron este lunes con los representantes del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), en el marco del inicio de la segunda semana de socialización de esta norma jurídica.
“Nosotros hemos expuesto las inquietudes que tiene el sector privado empresarial en la reforma constitucional que, aunque sabemos que en este momento no van a entrar a discusión, pero había que señalarlo, porque el documento que nos envió el presidente del Congreso fue en ese sentido”, expresó el director ejecutivo del Cohep, Armando Urtecho.
Al mismo tiempo que dijo que como sector privado no están en contra de la Ley fiscal que propone la actual administración, en el sentido de la revisión de las exoneraciones, porque se apoya la lucha contra la corrupción que se impulsa desde el sector público.
Reconoció que esta es una Ley importante para el país y para su desarrollo, por lo que mencionó que están dispuestos al diálogo para concertar los momentos para que el país avance.
Sin embargo, menciona que la normativa tiene vacíos legales (aunque no precisó de cuales son dichos vacíos). «Los cuatro proyectos han sido analizados en forma general. Creemos que es necesario que aclaren todos los conceptos».
Dichos componentes son:
Ley de Justicia Tributaria, que contempla la política de inversiones, modelos de inversión y la implementación de nuevos regímenes de incentivos fiscales.
Reforma Constitucional de Justicia Tributaria, la cual pretende reformar los artículos 338 y 351 de la Constitución de la República con respecto a los monopolios y oligopolios fiscales.
Ratificación de la Convención sobre Asistencia Administrativa Mutua en Materia Fiscal, misma que trata sobre los impuestos que se aplican en el país.
Ley de Beneficiario Final, que pretende «luchar contra la evasión y elusión fiscal, prevenir el lavado de activos y la corrupción o el financiamiento del terrorismo», según su artículo.
Asimismo, el Cohep anunció, a través de un comunicado, que acompañarán al Gobierno en la lucha contra la corrupción en todas sus formas posibles, pero solicitó al Congreso Nacional que analice bien el proyecto de ley tributaria.
Por otra parte, la organización instó al Gobierno a que la discusión de la reforma tributaria «no debe verse como una lucha de poder entre el Gobierno con otros sectores de la población».
Por su parte, Cristian Duarte, subdirector del SAR, expuso en conferencia de prensa que escucharon las intervenciones del Cohep durante la reunión que sostuvieron y que sus comentarios pueden ayudar a fortalecer el proyecto de ley.
«Compartimos la posición del Cohep, de que estas medidas van a ayudar a combatir la corrupción fiscal», expresó el funcionario.
Entretanto, apuntó que, con respecto al impuesto sobre ventas (ISV), que fue uno de los temas de discusión en la reunión, que estos gravámenes son regresivos y que en el futuro deben discutirse y replantearse.
De igual manera, apuntó que, en caso de que sea aprobada la Ratificación de la Convención sobre Asistencia Administrativa Mutua en Materia Fiscal, la aplicación de esta gradual para que la administración tributaria esté a la altura.
Reforma tributaria
La presidenta Xiomara Castro envió el proyecto de Ley de Justicia Tributaria al CN el 25 de abril de 2023 para su discusión y eventual aprobación, para lo cual, el Legislativo requiere de, al menos, 65 votos de los 128 congresistas de los diferentes partidos políticos representados.
Para lo anterior, dicho poder del Estado nombró a una comisión de dictamen, la cual comenzó desde la semana anterior una socialización del proyecto de ley con unas 20 organizaciones sociales, políticas y económicas.
Dicha propuesta del Poder Ejecutivo contempla la eliminación de 14 regímenes de exoneración fiscal y crea dos nuevos regímenes con la intención, según la propuesta, de prevenir la evasión fiscal.
No obstante, algunos sectores se han pronunciado en contra de la misma porque -sostienen- alejaría la inversión nacional y extranjera, con lo que, además, se perderían empleos y recaudación para el Estado de Honduras.