La Coalición Anticorrupción emitió un comunicado en el que demandó «reglas claras» y «no injerencias partidarias» en la elección del fiscal general y fiscal general adjunto del Ministerio Público para el periodo 2023-2028.
En el documento, la Coalición Anticorrupción cita que el proceso que se sigue para elegir al fiscal general y adjunto, hasta el momento no cuenta con reglas y procedimientos claros, limitándose a lo estipulado en la Constitución de la República y la Ley Orgánica del Ministerio Público, lo cual impide conocer de manera transparente la ruta del mismo para su seguimiento y veeduría.
Lo anterior, de acuerdo a la organización de sociedad civil, abre las posibilidades a «mayores injerencias partidarias en esta primera etapa, aumenta la desconfianza en cuanto a que la elección no responda a criterios por méritos e idoneidad, y con ello, puede generar el rechazo de profesionales idóneos a participar en la elección».
En ese sentido, señalan que las denuncias públicas sobre la repartición partidaria de los cargos para el fiscal general y adjunto, además las componendas para elegir a personas específicas como representantes ante la Junta Proponente, «es un mal comienzo porque origina preocupaciones y dudas».
Por ello, la Coalición Anticorrupción recomendó «respetar los estándares internacionales de independencia e imparcialidad de los fiscales propuestos por la Organización de Naciones Unidas (ONU) en el informe del relator especial sobre la independencia de los magistrados y abogados, realizado durante su visita a Honduras del 16 al 22 de agosto de 2018».
Asimismo, demandan independencia y autonomía en las funciones de la Junta Proponente, que garanticen la regulación y mecanismos jurídicos vinculantes, y sin limitaciones.
Por último, exigieron que la Junta Proponente elabore un reglamento interno para el proceso de selección del fiscal general y adjunto, «con los estándares de difusión, independencia, transparencia y meritocracia, utilizados por la Junta Nominadora para la selección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
Trabajo de la Junta Proponente
La Junta Proponente estará compuesta por: Wagner Vallecillo (magistrado de la CSJ); Alejandro Hernández (Colegio de Abogados de Honduras); Julio Raudales (universidades privadas); Rebeca Ráquel (presidenta de la CSJ); Blanca Izaguirre (Comisionado Nacional de los Derechos Humanos – Conadeh); Odir Fernández (Universidad Nacional Autónoma de Honduras – UNAH) y José Ramón Ávila (representante de la sociedad civil).
La Junta Proponente entrevistará y evaluará a todos los profesionales del derecho que aspiren a ser fiscal general y fiscal general adjunto, y, con base en una matriz de evaluación, seleccionará a los cinco mejor evaluados.
Posteriormente, remitirá este listado al Congreso Nacional, donde, con un mínimo de 86 votos, seleccionarán al fiscal general y al adjunto que ejercerán hasta el 31 de agosto de 2028.
El fiscal general, Óscar Chinchilla, y el fiscal general adjunto, Daniel Sibrián, dejarán sus puestos el próximo 31 de agosto.
