El Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) acusó en sus redes sociales al Gobierno de pretender coartar los derechos humanos y las garantías constitucionales al ordenar investigar una marcha pacífica en contra del proyecto de Ley de Justicia Tributaria que se discute en el Congreso Nacional.
Con una infografía en Twitter, el CNA calificó como amenaza la orden de la presidenta Xiomara Castro al Consejo Nacional de Defensa y Seguridad (CNDS) de investigar y castigar a quienes financien la protesta, una de ellas de grandes proporciones durante la semana en la ciudad de Choluteca.
El CNA señaló que la libertad de la sociedad para reunirse, desplazarse y expresarse libremente está argumentada en la Constitución de la República y en el Pacto de San José sobre derechos humanos.
La mandataria pidió durante la semana pasada al Consejo de Defensa y Seguridad, deducir responsabilidades a promotores u organizadores de la movilización del 9 de mayo en la ciudad de Choluteca, donde trabajadores de varias empresas se manifestaron en contra de la Ley de Justicia Tributaria.
«Con los elementos probatorios deben deducirse las responsabilidades y ejecutar las acciones de ley», indicó la mandataria durante la reunión de altos funcionarios.
En tal sentido, el CNA aclaró que el gobierno puede criminalizar la protesta en base al Código Penal siempre que provoquen un estado de terror, sin embargo, aseveró que la decisión del Consejo de Seguridad de investigar responde a una trascendencia fundamental para el «afianzamiento de la vida democrática».