«No nos vamos mientras la Ley de Modernización Agrícola no sea derogada totalmente, no parchada», dijo don Eugenio, uno de los protestantes.
Representantes de más de 34 empresas y una cooperativa, aglutinadas en el Movimiento de Campesinos y Campesinas sin Tierra del departamento de Yoro, protestaron en los bajos del Congreso Nacional para que se derogue la Ley de Modernización Agrícola.
“Este es un movimiento que no tiene tierras, puesto que se encuentran en manos de los testaferros, de los ricos, de los poderosos, de los narcotraficantes, que se han quedado con las tierras y los campesinos seguimos aguantando hambre”, dijo don Eugenio, uno de los manifestantes.
No nos vamos mientras la Ley de Modernización Agrícola no sea derogada totalmente –continuó diciendo-, no parchada, porque nos quitaron directamente el derecho a nosotros desde 1990.
Agregó que se necesita una Ley Agraria integral, porque incluso se le ha negado la participación a la mujer, ya que ella por su condición ha sufrido discriminación en momento de ser propietaria de tierras.
Don Eugenio se quejó además de la política de importación de granos básicos que ejecuta el Estado de Honduras, puesto que se compra en otros países arroz y otros productos agrícolas sin aranceles.
Sin embargo, esto ha creado una competencia desleal porque a los granos producidos en suelo nacional se les aplica impuestos, desmotivando así el agro.
Las peticiones de los representantes de más de 30 empresas agrarias en Yoro piden:
- La derogación de la Ley de Modernización Agraria.
- Que se reactive el bono de la deuda agraria al Instituto Nacional Agrario.
- Que se le asigne un presupuesto al INA para que se pueda reactivar el programa de capacitación para los campesinos y campesinas y sobre todo la restauración del centro David Fúnez Villatoro, ya que durante 12 años fue guarida para los policías, quedando en mal estado.
- Que se apruebe el decreto para Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI), para que cada una de las tierras incautadas con tierra firme pasen al INA para ser utilizadas en la reforma agraria.
- Que las tierras incautadas sin sentencia firme en arrendamiento a particulares se den en los mismos términos a las empresas campesinas asociativas porque cada una de ellas cuenta con su respectiva personería jurídica.
- Que se derogue el decreto que declara el cultivo protegido a la caña de azúcar, pues es lo que más afecta a los campesinos en Yoro.
- Que se investiguen a todas las empresas agroindustriales y de particulares que tienen sobre techo de estas tierras que fueron donadas por los Bográn y nunca volvieron al Estado.
- Que se investiguen los contratos de concesión dados por la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG), en todos los gobiernos anteriores.
- Que se investiguen las tierras que no fueron devueltas al Estado, después que venció la concesión de transnacionales bananeras y que están en manos de particulares o de personas extranjeras.
Se hizo un llamado al Congreso Nacional para un nuevo marco jurídico agrario, ya que el actual está colapsado tanto la Ley de Reforma Agraria de 1974, como la Ley de Modernización Agrícola de 1992.
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