El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, ha presentado a la Asamblea Nacional la propuesta de disminuir el número de municipios de 262 a 44 y los diputados de la Asamblea Legislativa de 84 a 60.
Según Bukele, los municipios pasarán a ser distritos y seguirán conservando sus nombres, y ha afirmado que “las costumbres y tradiciones no se perderán” y que esto no implicará que “los impuestos se anulen o bajen la cuantía”, según ha informado el medio digital Elsalvador.com.
“Este decreto legislativo que estamos proponiendo tampoco despide a los empleados municipales, los que se van son los puestos de confianza. El nombre de los municipios no cambiará, continuarán siendo distritos y podrán seguir celebrando sus mismas fiestas y tradiciones”, ha dicho Bukele.
Los expertos electorales han analizado que la estrategia de reducir los municipios obedece a que “el gobierno sabe que hay localidades en donde el partido oficialista no tendrá los votos suficientes para ganar la alcaldía”, debido al “abandono que han tenido en proyectos locales con la reducción del Fondo para el Desarrollo Económico y Social (Fodes), el cual fue centralizado en la Dirección de Obras Municipales (DOM), bajo la administración directa de Bukele”.
Además, esto implicará que los salvadoreños que residen en el extranjero no podrán elegir alcaldes ni tampoco diputados para otros departamentos del país.
Bukele inicia radical guerra contra la corrupción
A cuatro años de ganar las elecciones presidenciales en El Salvador, el gobierno de Nayib Bukele ha tenido como una de sus principales apuestas erradicar las pandillas que por años han sembrado el temor en la población. Con ese fin, desde marzo de 2022, entró en vigor un estado de excepción que ha sido causa de aplausos y críticas por parte de organismos internacionales.
Justamente en esta jornada las Naciones Unidas reiteraron su llamado para que se levante dicha política en la nación centroamericana. El alto comisionado para los derechos humanos alertó sobre su preocupación por las continuas renovaciones de una medida que “elimina el derecho a un juicio justo”.
“Reconocemos el complejo reto al que se enfrenta El Salvador para hacer frente a la delincuencia”, dijo la portavoz de esa oficina, Marta Hurtado, en rueda de prensa. “Sin embargo, debilitar el Estado de derecho y la integridad del sistema legal derogando el derecho a un juicio justo no es la respuesta”, añadió.
Sin dejar a un lado su política de seguridad, el salvadoreño anunció una “guerra frontal” contra la corrupción, que abarca una prisión destinada a los “delincuentes de cuello blanco”. Una serie de anuncios la hizo a propósito del aniversario número cuatro desde que asumió como presidente.
Entre estos se destaca una iniciativa de reforma legal para reducir de 84 a 60 los escaños legislativos y bajar de 262 a 44 la cifra de municipalidades. Su pronunciamiento lo hizo ante el Congreso y cuando se ha puesto sobre la mesa la posibilidad de que intente participar en la próxima contienda electoral.
“Hoy declaramos la guerra contra la corrupción”, afirmó el mandatario, después de calificar esa problemática como un mal “endémico” que, “al igual que las pandillas, tiene tentáculos en todos los niveles del Estado” salvadoreño.
“Así como hemos combatido frontalmente a las pandillas, con toda la fuerza del Estado, con todas las herramientas legales que tenemos, sin titubear en ningún momento, también iniciaremos la guerra frontal contra la corrupción”, sostuvo el mandatario.
Bukele se comprometió, además, a poner en funcionamiento “una cárcel” para los “delincuentes de cuello blanco”, tal como construyó una megacárcel para pandilleros. Esta se conoce como el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT).
En línea con su política de seguridad, hace unos meses el gobierno inauguró la megacárcel con capacidad para unos 40.000 reclusos, y considerada como la prisión “más grande de América”, con un régimen de reclusión denunciado por organismos de derechos humanos. (Con información de Europa Press)
