“Bajo lupa” 20 policías porque no pueden justificar sus patrimonios

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El TSC pretendió inhibirse de cumplir su responsabilidad constitucional de investigar el enriquecimiento ilícito de los policías.

Al menos 20 policías hondureños se encuentran bajo la lupa desde el 2016, por no poder justificar sus patrimonios por el salario que devengan.

Es que el Ministerio Público les aseguró los bienes. 10 de ellos acumularon un patrimonio superior a los L. 500 millones.

El fiscal Luís Echeverría, coordinador de la Unidad Fiscal de Apoyo al Proceso de Depuración Policial (UFADPOL) indicó a un portal digital que trabajan en los análisis de los ingresos.

Además de otras investigaciones de los policías para documentar cada caso.

Son 20 casos en proceso de investigación de policías de diferentes escalas. Son investigaciones que parten de denuncias y por cada caso nos toma de uno a dos años la investigación”, dice.

Entre las propiedades aseguradas por UFADOL hasta el momento se encuentran las propiedades de dos exdirectores de la Policía.

Echeverría señala que todos están en proceso de despojo de sus dominios.

562 policías con denuncias

Debido a una serie de denuncias interpuestas ante la Fiscalía de la Comisión Especial de Depuración y Metabolismo de la Policía Estatal, se constituyó la UFADOL.

Hubo 66 denuncias de 562 policías. Este proceso también cuenta con el apoyo de la Dirección de Evaluación e Investigación Ocupacional de la Policía (DIECP).

Según Eduardo Villanueva, exdirector, ha habido conflictos desde su gestión.

La investigación partió del más alto mando en ese momento. Villanueva explicó que existe una diferencia significativa entre riqueza e ingresos, cuyos resultados han sido presentados a la Corte Suprema como lo exige la ley.

El exdirector de la DIECP dice que el TSC pretendió inhibirse de cumplir su responsabilidad constitucional de investigar el enriquecimiento ilícito de los policías.

“Hubo reacción de algunos oficiales superiores de la Policía que incluso recurrieron a la acción penal en contra del director nacional y su adjunto.

Buscaban frenar la gestión sustentada en ley que llevamos a cabo”, relata Villanueva.

El exdirector dijo que además de poco apoyo, hubo personas que quisieron manipular el proceso de depuración iniciado.

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