El gobierno autorizó dos Decretos de Emergencias (PCM) para realizar compras directas en torno a la construcción de una cárcel en la Isla del Cisne, Caribe de Honduras, y la finalización del centro penitenciario de Naco, en el departamento de Cortés.
“Se instruyó para que Fuerzas Armadas pueda ejecutar a través de contratación directa la construcción y la habilitación de una granja penal en la Isla del Cisne. También la finalización del centro penal en Naco, Cortes”, ministro de Defensa, José Manuel Zelaya Rosales
Asimismo, explicó que la Policía Militar de Orden Publico (PMOP) ya trabaja en las asignaciones correspondientes para recuperar la gobernabilidad en cárceles.
“Se han firmado dos Decretos ejecutivos, donde ya se pone en operación las misiones asignadas para la PMOP que es retomar el control de los centros penitenciarios”, detalló.
El funcionario justificó que para la contratación directa se seguirán los procedimientos que ya establece la Ley de Contratación del Estado.
“La Ley de Contratación del Estado menciona bajo qué esquemas se regula la contratación directa, es una figura que la ley establece. De igual forma está el acompañamiento de la Secretaría de Transparencia”, expresó.
Los PCM establecen que el instituto castrense debe diseñar el plan, para lo cual cuentan con el apoyo total de la Secretaría de Finanzas para que en el menor tiempo posible se habilite la granja penal en la Isla del Cisne para trasladar a los cabecillas de maras y pandillas de alta peligrosidad.
De igual forma, el jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, José Jorge Fortín, indicó que comprarán todo el equipo necesario para que funcione adecuadamente la seguridad en los centros penitenciarios hondureños y que la misión encomendada por la presidenta Xiomara Castro se cumpla a cabalidad.
Aseguró que no se presentarán inconvenientes para el traslado de personal, “no habrá ningún problema en traslado de equipo, de personal o lo que sea necesario a la Isla del Cisne”.
La mandataria ordenó que la Isla se utilizará para albergar a los reos de alta peligrosidad, con el fin de regular el orden en los centros de detención del país.
Las decisiones vienen en consecuencia de las repetidas reyertas en las cárceles de máxima seguridad dejando resultados negativos con la pérdida de vidas muchos reclusos, y las más reciente masacre en la cárcel de mujeres que resultó en 46 féminas fallecidas, hecho que impactó en gran manera y alertó a las autoridades de país.
