El ministro de Seguridad informó sobre la detención de tres altos exfuncionarios del Tribunal Superior de Cuentas (TSC), acusados del delito de Cómplices de Tráfico de Influencias.
Ellos son: Ricardo Rodríguez, Santiago Reyes y Karen Yadira Martínez Villatoro; un exmagistrado, secretario general y la directora legal.
Sin embargo, el Ministerio Público presentó requerimiento fiscal en contra de cinco, entre ellos Juan José Pineda Varela (exmagistrado) y Douglas Javier Murillo Barahona.
Todos ellos exfuncionarios del Tribunal Superior de Cuentas (TSC), a quienes se les acusa de influir en la institución con el fin de favorecer a terceros con sus auditorías con información manipulada.
De acuerdo a las investigaciones fiscales, estas personas incurrieron en la comisión del delito de Tráfico de Influencias en perjuicio de la Administración Pública, así mismo se les imputa el delito de Violación a los Deberes de los Funcionarios en perjuicio de la Administración Pública.
Antecedentes
Todo dio inició el pasado mes de noviembre del 2023 cuando se recibió una denuncia anónima en el MP donde se manifestaba que en departamento de Auditorías del Sector Municipal del TSC varios empleados por órdenes superiores estaban realizando actos irregulares como ser la destrucción y ocultamiento de documentos relacionados a finiquitos de algunas municipalidades.
Fue así que de inmediato equipos de la ATIC procedieron a realizar las investigaciones correspondientes.
Dentro de las acciones realizadas por los fiscales y agentes de la ATIC están la incautación de informes y pliegos de responsabilidad, videos de las cámaras de seguridad, toda de declaración testifical por parte de empleados que estaban siendo presionados para cambiar las auditorías a municipalidades, lo que al final logro comprobar cómo funcionan dentro del TSC redes de empelados que aprovechándose de sus cargos influyen en los demás subalternos a fin de que emitan resoluciones contrarias a la ley para beneficiar a terceros.
El MP reiteró a la población su compromiso de llevar a cabo su misión constitucional de persecución penal y garantiza además investigar los actos de corrupción en cualquiera de sus manifestaciones.