Amnistía Internacional considera que ocho años después del asesinato de Berta Cáceres, su familia sigue enfrentando un proceso judicial incompleto, perpetuando innecesariamente su angustia.
Es por eso que piden a las autoridades hondureñas que adopten medidas decisivas para acabar con el ciclo de impunidad en este caso.
Lo anterior ha sido dado a conocer por Astrid Valencia, directora adjunta de investigación para las Américas de Amnistía Internacional.
La familia de Berta y el COPINH siguen exigiendo que las autoridades hondureñas hagan rendir cuentas a todos los implicados en el crimen.
Información adicional
El 2 de marzo de 2016, Berta Cáceres, defensora del medio ambiente, fue asesinada a tiros por hombres armados en su casa de Intibucá, Honduras.
Ella era la coordinadora del Consejo Cívico de Organizaciones Indígenas y Populares de Honduras (COPINH).
Pero creo frentes de conflictividad con una campaña contra el proyecto de la presa hidroeléctrica Agua Zarca por el impacto negativo en el territorio lenca.
El 20 de junio de 2022, el Tribunal de Sentencia con Competencia Territorial Penal Nacional de Tegucigalpa dictó sentencia condenatoria de 22 años y 6 meses de prisión contra David Castillo, exgerente de la empresa Desarrollos Energéticos (DESA) y responsable del proyecto hidroeléctrico Agua Zarca.
El culpable había sido capturado en marzo de 2018 y condenado en julio de 2021 como coautor del asesinato de Cáceres en 2016. Su juicio comenzó en abril de 2021.
Previamente, el 29 de noviembre de 2018, la Sala de lo Penal de Honduras declaró a siete de otros ocho acusados culpables del asesinato.
Más de un año después, el 2 de diciembre, los siete fueron condenados a penas de 30 a 50 años.
Las personas defensoras de los derechos humanos en Honduras siguen sufriendo ataques con impunidad, de acuerdo con las consideraciones de Amnistía Internacional.
El asesinato es el mayor riesgo que enfrentan los defensores del medio ambiente en Honduras, de acuerdo con informes de Global Witness.
Amnistía Internacional también ha documentado amenazas, o incluso desapariciones de ambientalistas en Honduras.
A pesar de la gravedad de los ataques a estas personas defensoras, Honduras no ha firmado el Acuerdo de Escazú.
Este es el primer tratado de derechos humanos ambientales de América Latina y el Caribe que obliga a los Estados a proteger a las personas defensoras del medio ambiente y que entró en vigor el 22 de abril de 2021.