El Ministerio Público presentó requerimiento fiscal contra el exalcalde de La Ceiba, Carlos Alejandro Aguilar Ponce y contra el directivo del Club Deportivo y Social Vida, Osman Ricardo Vélez Galindo.
De acuerdo con informes de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), el edil (periodo 2014-2018), al también ser el presidente honorario del Vida, suscribió la contratación de los servicios de hospedaje con el hotel Partenón Beach, en nombre de la municipalidad.
Gastos en los que pudiera incurrir el entonces director técnico del referido equipo de fútbol, Carlos Alberto Pavón Plumer, mismos que entre diciembre de 2016 y marzo de 2017 ascendieron a casi un millón de lempiras (L.946,603.54).
Dichos fondos, según el acuerdo de crédito abierto pactado, la alcaldía ceibeña, los asumió por medio de «canje de impuestos municipales», contrariando Aguilar Ponce su atribución específica de hacer efectivo el cobro de los tributos y con un esquema inexistente en la Ley de Municipalidades.
Fue así que, el 17 de julio de 2017, Osman Ricardo Vélez Galindo, vocal del Vida y además jefe de tributación municipal en La Ceiba (periodo 2017), extendió “nota de compensación” a favor del hotel Partenón Beach por casi el millón de lempiras.
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Esta acción sin que se adjuntara documentación soporte de los supuestos gastos de Pavón Plumer, comprobándose, mediante auditorías forenses, que dichos montos carecían de veracidad.
Se estableció que la facturación era inferior al medio millón de lempiras (L415,906.40), lo que causó una doble afectación a las arcas municipales.
Consecuentemente, al exalcalde Carlos Aguilar se le presume responsable de fraude y abuso de autoridad y al directivo del Vida Osman Vélez, de fraude.
Otros casos, durante la Operación Némesis XI, tienen que ver con investigaciones en curso contra actuales autoridades edilicias de La Ceiba por contratos de obras y servicios que se habrían adjudicado al exministro de la desaparecida Secretaría de Obras Públicas, Transporte y Vivienda (SOPTRAVI), José Rosario Bonano.
Además se investigan acusaciones por supuestos actos de corrupción en el Registro Nacional de las Personas (RNP) de Nacaome y San Pedro Sula.
También se investiga el uso de incapacidades presuntamente falsas por parte de policías, por lo que se realizan inspecciones en la oficina de Recursos Humanos de la Secretaría de Seguridad de Tegucigalpa, mientras que por denuncias de irregularidades se decomisan documentos en los juzgados de Siguatepeque.
Asimismo, se impulsa a nivel nacional el ejercicio de la acción penal pública contra transgresores de la indemnidad sexual y la vida de menores de edad.
Al igual que se operativizan labores para el decomiso de pólvora en los municipios donde existe ordenanza de prohibición de su venta, al igual que inspecciones en fábricas artesanales de pirotécnica.
También se efectúan operativos en empresas y fincas para prevenir y sancionar el trabajo infantil forzado en tiempos de cosecha y corte de café y diligencias de investigación se evacúan en el centro Ministerio Puertas Abiertas de Tocoa, se repitan.
Además, se investigan varias denuncias de abonados afectados con falsos cobros en reconexión de energía, instalación de medidores y arreglos de pago, de estafadores que simularon ser empleados de la Empresa Energía Honduras (EEH) en Danlí, El Paraíso y Juticalpa, Olancho.
Finalmente se procederá a incinerar 250 kilos de cocaína incautados en dos recientes operaciones policiales que tuvieron lugar en Tegucigalpa y Tela y de las que se logró el procesamiento de Javier Eduardo Chinchilla Sánchez, Jonathan Josué Enamorado, Noé Rivera Romero, Elder Leonel Pineda, Ramiro Antonio Villeda Bueso, José Raúl Mata Mendoza, Roger David Turcios Padilla, Mario Arcángel Mejía Flores y Estefan Jadira Amador.
